Santa Cruz, 20 de agosto de 2026.- La Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo) expresó su rechazo al Decreto Supremo 5676, al considerar que la disposición penaliza a los productores sin solucionar los problemas de fondo. La entidad advirtió que la medida perjudica tanto a pequeños como a medianos y grandes agricultores, mientras continúa operando la cadena irregular encargada de desviar carburante subvencionado al mercado negro.
La nueva tarifa fijada en Bs 18 por litro rige para quienes adquieren más de 120 litros al mes, volumen que, de acuerdo con el gremio, equivale al consumo de un tractor pequeño trabajando escasas jornadas. “Rechazamos este decreto porque castiga al pequeño y mediano productor y no solamente al gran consumidor: golpea a todos los productores que producen alimentos para el país, que poseen desde veinte, treinta o más hectáreas, y que van a tener que pagar casi el doble por el combustible que usan”, enfatizó Abraham Nogales, presidente de Anapo.
El dirigente, que representa a cerca de 14.000 productores de soya, trigo, maíz, chía, sorgo y girasol en Santa Cruz, afirmó que existe un circuito irregular de comercialización de diésel activo desde hace meses sin intervención de las autoridades. Desde su postura, las medidas estatales debieron enfocarse en desmantelar dicha red para ofrecer una solución estructural a la escasez.
“Nuestros asociados vienen adquiriendo diésel entre Bs 15 y Bs 18 a operadores informales que se abastecen del producto subvencionado a Bs 9,80. Esa cadena ilegal de cisternas, puestos de venta e intermediarios opera a la vista de todos y lleva meses funcionando”, señaló Nogales, remarcando la necesidad de que las instancias de control actúen: “Exigimos que esto sea investigado y esclarecido”.
Mediante un comunicado institucional, Anapo recordó además que las actividades productivas representan el 17% de la demanda nacional de diésel, por lo que la disposición no implica la supresión de la subvención ni representará un alivio económico sustancial en el gasto fiscal destinado a la compra del carburante.
En coincidencia con lo advertido por la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), los productores alertaron que el encarecimiento repercutirá en toda la cadena alimentaria. La medida llega en plena cosecha de cultivos de invierno —como sorgo, maíz, trigo y girasol— y a poco del inicio de la siembra de verano.
La organización puntualizó que no defiende el sistema actual de subsidio, sino que cuestiona una norma que perjudica al eslabón más vulnerable del aparato productivo. “Probablemente habrá unidades productivas que se cierren, pequeños y medianos productores que dejarán de producir; eso se traducirá en una menor oferta”, sostuvo el pronunciamiento.
Anapo complementó que, aunque el rubro oleaginoso es tomador de precios, la baja en la oferta generará alzas en los costos de la canasta familiar, dado que granos como la soya, maíz, sorgo y trigo abastecen a la producción de pollo, carne de res, cerdo, leche y huevos. Al respecto, Nogales alertó que “las personas que hoy se sienten a salvo de la medida serán quienes terminen pagándola en el precio final de los alimentos”.
“El sector manifestará esta posición en el Congreso Extraordinario, convocado por nuestra entidad matriz, la CAO, para próximos días”, concluyó el presidente de la entidad.
