La propuesta del Gobierno nacional de destinar el 1% de los recursos de coparticipación tributaria a las administraciones departamentales ha suscitado marcadas discrepancias tras la reunión técnica del pasado viernes 30 de octubre. El planteamiento forma parte de la política de redistribución de responsabilidades y recursos bajo el esquema 50/50 promovido por el presidente Rodrigo Paz, pero el porcentaje sugerido concentró los reclamos regionales.
Desde Santa Cruz, el gobernador Juan Pablo Velasco rechazó la cifra del 1% para su región al sostener que no se condice con su peso en la producción nacional, la generación del Producto Interno Bruto (PIB) ni su dinámica demográfica. Asimismo, objetó el modelo vigente de reparto fiscal —que asigna un 75% al nivel central, un 20% a los municipios y un 5% a las universidades públicas— y remarcó la necesidad de mayores ingresos para atender las demandas departamentales.
En Cochabamba, el gobernador Leonardo Loza explicó que la pretensión de las gobernaciones apunta a un 15%. Señaló que la oferta del nivel central empezó en 0,4% y subió a 1%, pero condicionada a la asignación de ítems de salud, términos con los que manifestó su desacuerdo al considerar que no llenan las expectativas. En Tarija, la gobernadora María René Soruco tildó el planteamiento de retroceso y sostuvo que tanto la salud como la autonomía departamental deben encararse sin lesionar las facultades de cada región.
Por el contrario, el gobernador de La Paz, Luis Revilla, defendió lo acordado y lo evaluó como un paso adelante dadas las actuales condiciones económicas del país. Explicó que este 1% significaría unos Bs 460 millones para los nueve departamentos a partir de la próxima gestión y que se trata de un proceso gradual con opciones de incremento en los años venideros.
Frente a los cuestionamientos, el viceministro de Coordinación Legislativa, Wilson Santamaría, acusó falta de coherencia a ciertas autoridades. Apuntó al gobernador cruceño, aseverando que en la mesa de diálogo expresó conformidad y luego exteriorizó rechazo en declaraciones públicas, al tiempo que demandó responsabilidad a los gobiernos autónomos considerando las limitaciones financieras del Estado.
A pesar de las diferencias, las conversaciones derivaron en cinco puntos de trabajo: fijar el 1% de coparticipación para las gobernaciones sin recortar recursos a municipios, universidades ni autonomías indígenas; transferir el Régimen Agropecuario Unificado al dominio departamental; evaluar partidas adicionales por crecimiento vegetativo en salud y educación; aplicar revisiones anuales para analizar eventuales incrementos según el contexto económico; e incorporar al sistema coparticipable las alícuotas adicionales que defina cada región.
El cronograma fija que el Gobierno debe remitir el anteproyecto de Ley Especial de Coparticipación Tributaria y Distribución de Recursos Fiscales hasta el 3 de noviembre. Las gobernaciones tendrán hasta el 4 de noviembre para enviar sus observaciones, con el propósito de que el Ejecutivo remita la norma a la Asamblea Legislativa Plurinacional el 6 de noviembre, fecha en la que también se planea ingresar una reforma a la Ley 154 sobre tributos de gobiernos autónomos.
