El presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Gustavo Ávila, planteó abrir un debate nacional orientado a modificar la Constitución Política del Estado (CPE) y diversas normativas que rigen a las instituciones públicas y los procesos electorales. Sus propuestas contemplan la eliminación del certificado de conocimiento de dos idiomas como exigencia para postular a cargos públicos, revisar el requisito de residencia previa para candidatos municipales y fijar barreras a la proliferación de organizaciones políticas creadas únicamente con fines electorales, a las que denominó “taxipartidos”.
Las declaraciones fueron realizadas este jueves en Sucre, ocasión en la que la autoridad electoral sostuvo que el país precisa evaluar ciertas disposiciones legales para promover ajustes institucionales y mejorar el desempeño de la justicia. Ávila manifestó que estas transformaciones no deberían reducirse a modificaciones legislativas puntuales, sino que tendrían que incorporar una deliberación sobre el texto constitucional.
El titular del TSE afirmó que el país debe ser capaz de revisar las normas actuales, identificar las que resultan efectivas y cambiar aquellas que, bajo su óptica, representan trabas para el avance institucional. En esa línea, propuso rescatar los elementos positivos del marco legal, subsanar dificultades y avanzar hacia normativas acordes a las necesidades vigentes del Estado.
Cuestionamiento al certificado de dos idiomas y residencia previa
Uno de los ejes centrales de su planteamiento apunta al requisito que demanda a los postulantes certificar el dominio de al menos dos idiomas oficiales. Ávila sostuvo que esta disposición amerita una revisión debido a que, en ciertos casos, puede traducirse en una limitación para aspirar a cargos en procesos electorales.
Asimismo, la autoridad advirtió que la solicitud de este documento propició una actividad comercial ligada a las certificaciones de idiomas. De acuerdo con sus declaraciones, hubo postulantes afectados por carecer de la constancia requerida, en tanto que el trámite habría originado prácticas de comercialización que deben ser evaluadas.
Por este motivo, propuso prescindir de este requisito como condición para ser candidato, abriendo la discusión sobre las exigencias a cargos electivos y la garantía de los derechos políticos, manteniendo la consideración de los idiomas oficiales contemplados en la CPE.
En paralelo, Ávila planteó revisar la exigencia de certificar dos años de residencia previa en el municipio para los aspirantes a cargos locales, con el fin de evaluar si la norma debe permanecer idéntica o si amerita ajustes en los criterios de participación.
Freno a los denominados “taxipartidos” y normas de elección indígena
Entre los planteamientos también se incorporó la necesidad de fijar mayores exigencias para constituir y mantener vigentes a las organizaciones políticas. Ávila empleó la figura de “taxipartidos” para aludir a siglas que, según expuso, surgen primordialmente para intervenir en elecciones sin contar con una estructura política consolidada.
Para el titular del Órgano Electoral, este fenómeno requiere una revisión de las reglas aplicables a partidos y agrupaciones ciudadanas, a fin de consolidar su institucionalidad y evitar que actúen solo como vehículos para presentar candidaturas.
La propuesta de discusión abarca además los mecanismos de elección de autoridades indígenas, aspecto sobre el cual señaló la necesidad de una revisión, sin especificar cambios puntuales ni procedimientos alternativos.
Observaciones al artículo 11 de la Ley 018
Junto a las exigencias a postulantes, Ávila formuló observaciones sobre normas vinculadas a las facultades del Órgano Electoral Plurinacional (OEP). En específico, cuestionó el artículo 11 de la Ley 018, precepto que determina ciertas obligaciones del ente electoral frente a fallos y determinaciones emanadas de otros órganos estatales.
El presidente del TSE argumentó que dicho artículo requiere ser modificado, vinculándolo con los conflictos institucionales experimentados en el desarrollo de los comicios judiciales. En ese sentido, aseguró que dicho punto figura entre las primeras normas que el TSE apunta a cambiar, abriendo el análisis sobre las atribuciones y la autonomía del organismo frente a otras instancias del Estado.
Un planteamiento sujeto a debate
Las iniciativas formuladas en la capital conforman propuestas preliminares que demandarán análisis y discusión antes de traducirse en reformas legales. Toda modificación constitucional deberá regirse por los procedimientos previstos en la propia norma fundamental, mientras que los eventuales ajustes a la legislación electoral requerirán el tratamiento en los canales institucionales pertinentes.
De implementarse una revisión, estos cambios podrían incidir en los procedimientos electorales, la conformación partidaria y la habilitación ciudadana en los diferentes niveles de representación. (Brújula Digital)
