El Gobierno nacional y las principales entidades empresariales del país acordaron la creación de un mecanismo permanente de diálogo y cooperación técnica orientado a analizar propuestas económicas y buscar alternativas frente a los problemas del país. El entendimiento se formalizó a través de la firma de un memorándum suscrito por el Órgano Ejecutivo, la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), la Cámara Nacional de Comercio (CNC) y la Cámara Nacional de Industrias (CNI), con el fin de afianzar la coordinación pública y privada.
El ministro de la Presidencia, Fernando Aramayo, detalló que el convenio facilitará el intercambio de planteamientos y el trabajo conjunto en temas que demandan atención prioritaria. De acuerdo con la autoridad, el propósito radica en sobrellevar las dificultades a partir de formulaciones técnicas y mesas de debate donde los dos sectores expongan sus alternativas.
Esta iniciativa busca instaurar una nueva dinámica de relacionamiento entre el Estado y los delegados privados, procurando que las determinaciones en materia económica integren criterios técnicos y atiendan las demandas del sector productivo. El documento sienta las bases para sostener conversaciones continuas y evitar que los contactos se reduzcan a reuniones aisladas.
Dentro de los asuntos que podrían incluirse en esta agenda figura el proyecto de ley de inversiones propuesto por el Ejecutivo. Aramayo indicó que el empresariado dispondrá de la opción de plantear propuestas alternativas e intervenir en el análisis de las medidas del Gobierno, en busca de nutrir su contenido previo al avance de su tratamiento.
El titular de la Presidencia afirmó que Bolivia precisa una participación más activa del sector privado en la elaboración de salidas económicas. Por ello, instó a que los empresarios no solo trasladen observaciones, sino que aporten propuestas concretas pasibles de evaluación bajo parámetros técnicos y vías transparentes.
Asimismo, la autoridad argumentó la urgencia de establecer condiciones propicias para el crecimiento económico y criticó el desempeño de la estructura estatal en los últimos veinte años, tiempo que definió como una etapa de estancamiento y aislamiento. A su juicio, el aparato administrativo sumó trabas que entorpecieron el desenvolvimiento productivo.
En ese contexto, Aramayo apeló a la figura de “Estado tranca” para describir la sobrecarga de normativas, trámites y procesos que, según su lectura, dañan a quienes intentan llevar adelante actividades productivas. A la par, censuró la aplicación discrecional de tales medidas y alertó que pueden propiciar hechos de extorsión y corrupción.
Pese a que el pacto entre el Ejecutivo y las representaciones privadas apunta a configurar un clima de mayor cooperación para tratar diferencias mediante el flujo de datos y opciones viables, la firma del memorándum no implica de forma automática la aprobación de disposiciones económicas ni la ejecución inmediata de reformas puntuales.
Hasta el presente, los reportes sobre el entendimiento no señalan un cronograma de labores ni especifican las primeras medidas derivadas de este canal. De esta forma, las próximas reuniones y los planteamientos que arrimen las partes definirán el alcance efectivo de la coordinación.
A través de este acercamiento, la administración gubernamental habilita una vía institucional para sumar a los empresarios a la discusión de la agenda económica de Bolivia. El reto consistirá en plasmar la voluntad de diálogo en medidas tangibles orientadas a mejorar el entorno de la inversión, la producción y el comercio. (Economy)
