El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, respondió a las recientes declaraciones del expresidente Evo Morales y cuestionó el plazo otorgado por sectores afines al exmandatario a la administración de Rodrigo Paz para revertir sus principales medidas económicas. La autoridad estatal aseveró que las discrepancias deben resolverse mediante los canales institucionales y enfatizó que Morales tiene asuntos pendientes con los tribunales.
La postura del ministro se dio luego de que Morales y los dirigentes de su organización política, congregados en Lauca Ñ, fijaran el 3 de octubre como fecha límite para que el Ejecutivo abrogue varias disposiciones. Entre las normas cuestionadas figura el Decreto Supremo 5716, que determinó el fin de la subvención estatal al diésel.
Durante dicho encuentro, Morales advirtió que, en caso de no atenderse sus exigencias dentro del plazo señalado, sus bases impulsarán una movilización nacional a partir del 13 de octubre. La advertencia se añade a otras manifestaciones de desacuerdo frente a los ajustes gubernamentales en el régimen de combustibles.
Frente a este escenario, Justiniano indicó que una eventual protesta puede realizarse siempre que se encuadre en el marco normativo. En esa línea, diferenció el derecho de la ciudadanía a manifestar sus desacuerdos de aquellas presiones que puedan perjudicar el libre tránsito, el abastecimiento o los derechos colectivos.
El titular de Defensa remarcó que haber ejercido la presidencia no sitúa a nadie al margen de la ley, señalando que ninguna persona puede sobrepasar las disposiciones legales amparada en un cargo anterior o en su capacidad de convocatoria social.
Asimismo, Justiniano abordó la situación jurídica del dirigente cocalero. Recordó que pesan órdenes de aprehensión vigentes sobre Morales y sostuvo que lo que corresponde es que se presente ante las instancias judiciales competentes para asumir su defensa técnica bajo los mecanismos constitucionales y legales.
La postura gubernamental se expone en una coyuntura donde el precio de los carburantes concentra la tensión política y social del país. La suspensión de la subvención al diésel ha generado reclamos de distintos sectores, en particular del transporte y las ramas productivas que dependen de dicho combustible.
El Decreto Supremo 5716 configuró un nuevo esquema de precios y desató pedidos para su anulación o revisión, reclamo que Morales asumió como una de sus principales banderas frente al Órgano Ejecutivo.
No obstante, el pliego del ampliado de Lauca Ñ trascendió el tema del carburante, apuntando también contra otras determinaciones del Gobierno, como el Decreto Supremo 5727, referido a los procesos de reorganización, disolución o liquidación de empresas estatales.
El conflicto combina elementos económicos y políticos: la modificación del diésel incide en el transporte, los costos productivos y el presupuesto de las familias, mientras que las objeciones sobre las firmas públicas abren el debate sobre el rol del Estado en la economía.
Pese a las amenazas de movilizaciones, Justiniano aseveró que el Gobierno mantiene abierta la puerta al diálogo con los sectores, aunque recalcó la obligación estatal de resguardar la libre circulación de la población y el acceso ininterrumpido a suministros y servicios.
El ministro situó el apego a la ley como una condición básica para tratar el diferendo, puntualizando que los actos de protesta deben respetar los límites legales y no perjudicar a terceras personas.
La coyuntura podría ganar tensión a medida que se cumpla el plazo del 3 de octubre fijado por los sectores ‘evistas’, fecha en la que evaluarán la respuesta oficial antes de iniciar la eventual marcha nacional el 13 de octubre.
El curso de estas convocatorias continúa condicionado al avance de los acercamientos entre las autoridades y las organizaciones sociales. En paralelo, representaciones del transporte han tomado distancia de las medidas de presión, comunicando que no se sumarán a determinadas protestas anunciadas para estos días.
Por su parte, el Ejecutivo sostiene mesas de negociación con rubros vinculados al uso del diésel; en jornadas recientes se consolidaron acuerdos sobre el transporte de combustibles y siguen las conversaciones para aminorar el efecto de las nuevas tarifas.
De este modo, el choque va más allá de la confrontación discursiva. Las resoluciones sobre el diésel afectan a diversas ramas productivas y han propiciado demandas de ajuste en múltiples regiones.
Para el sector de Morales, la eliminación del subsidio debe quedar sin efecto de inmediato, mientras que para el Ejecutivo la medida es indispensable para encarar el contexto económico y energético nacional.
En este panorama, Justiniano insistió en que las controversias deben resolverse mediante los mecanismos de la institucionalidad, complementando la réplica política al requerir que Morales afronte sus causas judiciales.
El escenario pone a prueba la capacidad de equilibrar el ejercicio del derecho a la protesta con la salvaguarda de la circulación y el abastecimiento, aspectos que el Ejecutivo asegura que garantizará.
A la espera del 3 y el 13 de octubre, el Ejecutivo ratifica la vigencia de sus medidas y su exigencia de legalidad, mientras que los sectores afines a Morales persisten en la exigencia de abrogar los decretos cuestionados, entre ellos el 5716, bajo advertencia de medidas de presión. (Erbol)