La investigación en torno a la adquisición de tomógrafos para la Caja Nacional de Salud (CNS) registró un nuevo avance este lunes tras la aprehensión de Margoth A. A., encargada de la Jefatura de Suministros del ente asegurador. La disposición fue ejecutada por la Fiscalía de La Paz para esclarecer presuntas irregularidades durante el proceso de compra del equipamiento médico.
La funcionaria afronta indagaciones por la presunta comisión de delitos de contratos lesivos al Estado, conducta antieconómica e incumplimiento de deberes, entre otros cargos. El Ministerio Público busca determinar su nivel de participación y verificar si sus actuaciones habrían provocado un daño económico a la institución.
El caso se centra en la provisión de tomógrafos para la CNS, pesquisa que abarcará desde las decisiones administrativas preliminares hasta la contratación y recepción de las máquinas, con el fin de constatar si se cumplió con la normativa y los procedimientos vigentes.
Dentro de este mismo proceso penal, la Fiscalía convocó a declarar al gerente general de la CNS, Germán Hoyos, como parte de las diligencias para individualizar responsabilidades.
Las indagaciones no abarcan únicamente a la jefa aprehendida; las autoridades recopilan documentación y otros indicios para definir el rol de todos los funcionarios e intervinientes en la compra de los aparatos médicos.
En paralelo al caso, el diputado de Alianza Popular Rolando Pacheco cuestionó el patrimonio del gerente Hoyos, señalando que habría registrado un incremento sustancial en un lapso de pocos meses.
Según el legislador, los bienes declarados por la autoridad aseguradora habrían pasado de poco más de 1.000 bolivianos a superar los 7,3 millones de bolivianos, aseveración que deberá ser evaluada en las instancias correspondientes.
Ante estas acusaciones, Hoyos se presentó este lunes en la Asamblea Legislativa Plurinacional, donde rechazó cualquier vínculo con presuntos actos irregulares y defendió su postura.
Asimismo, el gerente remitió una carta a Pacheco en la que le exigió retractarse de sus declaraciones en un plazo no mayor a 48 horas, advirtiendo con recurrir a acciones legales en caso de no hacerlo.
La captura de la responsable de Suministros marca uno de los hitos principales del proceso investigativo, mientras el Ministerio Público continúa recolectando pruebas y testimonios para determinar si se consumaron delitos y si existió un perjuicio financiero para la Caja Nacional de Salud.