El gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, sugirió cambiar la modalidad de designación de las autoridades del Ministerio Público en las regiones y propuso que los fiscales departamentales sean seleccionados por las respectivas Asambleas Legislativas Departamentales.
La iniciativa surge tras las recientes aprehensiones del fiscal general del Estado, Róger Mariaca, y del fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos, en el contexto de un proceso investigativo que implica a autoridades y funcionarios de la fiscalía.
Velasco manifestó que el escenario derivado de estas indagaciones debe suscitar una discusión sobre el sistema judicial y, en específico, respecto a la autonomía que ejercen los departamentos para intervenir en la designación de sus representantes.
Bajo ese enfoque, señaló que una hipotética reforma tendría que incorporar a los legislativos regionales de forma directa en la designación de los fiscales para cada jurisdicción, vinculando esta medida a una profundización del régimen autonómico.
“Tenemos que aprovechar esto, para que se profundicen las autonomías y los fiscales departamentales sean elegidos por la Asamblea Legislativa Departamental”, afirmó el gobernador, según reportes de medios locales.
La autoridad cruceña sumó a su planteamiento otras modificaciones para la administración judicial. En pronunciamientos posteriores, sugirió incorporar herramientas tecnológicas dirigidas a elevar la transparencia y optimizar el control de las causas, mediante expedientes digitales y mecanismos de trazabilidad y fiscalización ciudadana.
A juicio de Velasco, el debate no debe circunscribirse únicamente a la coyuntura de los fiscales aprehendidos, sino orientarse a una revisión más profunda de la estructura institucional de la justicia.
Asimismo, el gobernador demandó que las pesquisas sobre Mariaca, Zeballos y el resto de los funcionarios implicados se lleven a cabo con transparencia y precisen responsabilidades a partir de pruebas y normativas legales vigentes.
El planteamiento se da en un momento de tensión para el Ministerio Público. Mariaca fue aprehendido junto a otros involucrados y afronta investigaciones por presuntos delitos de organización criminal, legitimación de ganancias ilícitas y tráfico ilícito de sustancias controladas, de acuerdo con datos provistos por autoridades y la prensa nacional.
De forma paralela, la situación en la Fiscalía General desató discrepancias sobre la titularidad interina de la entidad. Luis Montaño Morales comunicó que asumía de modo provisional la cabeza del Ministerio Público amparándose en su antigüedad en la carrera fiscal, determinación que fue objetada con posterioridad por el Gobierno.
Mientras las investigaciones siguen su curso, la postura de Velasco reactiva la discusión sobre el esquema judicial y los márgenes autonómicos en Bolivia, iniciativa que requeriría establecer un mecanismo jurídico para concretar cambios en el modo de designación de los fiscales departamentales.
Hasta el momento, la moción permanece como un planteamiento político de la autoridad departamental, a la par de que las instancias correspondientes determinan los pasos a seguir ante la crisis institucional en el Ministerio Público.