Un amplio operativo policial llevado a cabo entre la noche del miércoles 30 de septiembre y la madrugada del jueves 1 de octubre concluyó con 14 personas aprehendidas, entre las cuales figuran autoridades y funcionarios del Ministerio Público. De acuerdo con la postura del Gobierno, estas capturas corresponden a una investigación sobre una presunta estructura criminal que habría operado desde la Fiscalía y que estaría ligada al narcotráfico.
El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, comunicó que entre los principales aprehendidos están el entonces fiscal general del Estado, Roger Mariaca; el fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos; el fiscal superior Martín Irusta y el mayor de Policía Rubén Aparicio. El reporte oficial detalla que los cuatro enfrentan indagaciones por delitos vinculados a organización criminal y tráfico de sustancias controladas. Para Mariaca se añadió, además, el presunto delito de legitimación de ganancias ilícitas.
En una primera instancia, las autoridades no hicieron públicos los nombres de las restantes 10 personas aprehendidas. Oviedo detalló que seis de ellas serían funcionarios de la Fiscalía interceptados cuando, según los datos oficiales, pretendían retirar documentos del domicilio de Mariaca. Los otros cuatro fueron interceptados a bordo de una ambulancia que había partido de la vivienda del exfiscal general, vehículo en cuyo interior se halló una alta suma de dinero.
Roger Mariaca
Roger Mariaca figura entre los principales aprehendidos del operativo. Su captura tuvo lugar en el aeropuerto internacional de Viru Viru, en Santa Cruz, en momentos en que se encontraba en compañía de Alberto Zeballos.
Desde el Ejecutivo se afirma que Mariaca presuntamente lideraba la red bajo sospecha y se le atribuyen supuestos nexos con narcotráfico, organización criminal y legitimación de ganancias ilícitas. Dicha investigación tomó también como antecedente datos ligados a las causas contra el narcotraficante uruguayo Sebastián Marset.
La detención del exfiscal se ejecutó pocos días después de que Estados Unidos comunicara la revocatoria de su visa tras acusarlo de presunta corrupción significativa y aparentes lazos con el narcotráfico. Previamente, Mariaca desestimó tales acusaciones y objetó lo que consideró una intervención política en indagaciones a cargo del Ministerio Público.
Luego de su detención, Mariaca fue conducido de Santa Cruz a La Paz, donde quedó bajo resguardo policial mientras continúan las diligencias investigativas.
Alberto Zeballos
El fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos, fue interceptado en Viru Viru junto con Mariaca cuando ambos intentaban viajar a Sucre.
Zeballos fue incorporado por el Gobierno en la lista de investigados por supuesta organización criminal y delitos vinculados al tráfico de sustancias controladas. Posteriormente fue llevado a La Paz y puesto bajo custodia de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn).
De manera simultánea, efectivos policiales allanaron su vivienda. La versión oficial da cuenta de que dos técnicos fueron sorprendidos cuando presuntamente pretendían retirar dispositivos de almacenamiento de cámaras de seguridad, material que podría aportar elementos a la investigación.
Martín Irusta
El fiscal superior Martín Irusta fue aprehendido en dependencias de la Fiscalía General del Estado, en Sucre.
El reporte policial señala que Irusta se encontraba con otras personas presuntamente tratando de retirar documentación vinculada al caso, por lo que se procedió a su captura ante su posible participación en los hechos. Posteriormente fue trasladado a La Paz e ingresado a dependencias de la Felcn, junto a Mariaca y Zeballos.
Irusta es conocido por haber asumido en el pasado el patrocinio legal del expresidente Evo Morales y del exministro Juan Ramón Quintana. Asimismo, figuró en una indagación previa sobre la adquisición de un vehículo de alta gama, causa que no prosperó en una acusación formal.
Rubén Aparicio
El mayor de Policía Rubén Aparicio fue el primero en ser capturado dentro del grupo de los cuatro investigados clave.
Según el Gobierno, los datos recabados tras su detención permitieron advertir supuestos nexos entre miembros de la Policía, personal de la Fiscalía y otros sospechosos.
El oficial ya había sido mencionado en las pesquisas por el asesinato de tres policías en Porongo (Santa Cruz) en 2022, periodo en el que prestaba funciones en la Felcn e intervino en la captura de Misael Nallar. En la causa actual, el Ejecutivo aludió a un audio atribuido a Sebastián Marset en el que se lo cita, material cuya autenticidad, alcance y validez probatoria continúan bajo peritaje.
Los otros 10 aprehendidos
Aparte de las cuatro autoridades, se aprehendió a otras 10 personas.
Seis de ellas serían funcionarios del Ministerio Público cruceño. Oviedo sostuvo que fueron sorprendidos al llegar a la vivienda de Mariaca en vehículos institucionales y particulares, bajo la hipótesis estatal de que intentaban sustraer documentación, grabaciones y otros elementos de interés.
Las otras cuatro personas se encontraban en una ambulancia que salía del inmueble del exfiscal general. Durante la requisa se incautaron más de Bs 3,5 millones y $us 10.000 repartidos en bolsas y paquetes, recursos cuyo origen y destino se mantienen en indagación. Entre los ocupantes de la ambulancia figuraba también un menor de edad.
¿Quiénes son buscados?
Las pesquisas abarcan a otros sindicados. Uno de ellos es el exministro de Gobierno Eduardo Del Castillo; ante versiones previas de aprehensión, Oviedo precisó que no fue arrestado y que la Policía procede con su búsqueda.
La orden en torno a Del Castillo se relaciona con un audio atribuido a Marset en el cual se afirma que el exministro habría recibido alrededor de $us 500.000 al mes, aspecto que deberá ser esclarecido por los peritos y autoridades competentes.
En el caso se mencionó también al fiscal Julio César Porras y al coronel Ángel Morales Calzadilla. Porras desmintió haber sido arrestado y aseveró que permanecía en su casa ante los rumores. Por su parte, Morales Calzadilla, exdirector nacional de la Felcn, fue señalado dentro de las indagaciones sin que exista confirmación oficial de su aprehensión.
Una investigación que continúa
El Ejecutivo asegura que los operativos desarticularon una presunta estructura criminal con supuestos vínculos entre funcionarios y narcotráfico, acusaciones que deberán fundamentarse ante los juzgados competentes.
El procedimiento generó además cuestionamientos sobre la legalidad de ciertos actos policiales y el modo en que se concretaron las capturas. Por su parte, el 2 de octubre la Fiscalía formalizó la imputación en contra de Mariaca, Zeballos, Aparicio e Irusta por supuestos delitos de tráfico de sustancias controladas y organización criminal, requiriendo la detención preventiva para los cuatro.
El caso continúa abierto para identificar la procedencia del dinero incautado, determinar el grado de participación de los implicados y definir responsabilidades.