El vicepresidente Edmand Lara denunció que estaría siendo objeto de un supuesto plan destinado a involucrarlo en un proceso penal y posteriormente proceder con su aprehensión. Desde España, donde se encuentra de viaje, la autoridad manifestó públicamente su preocupación por su seguridad y afirmó que teme por su integridad física y su vida.
A través de un comunicado, Lara sostuvo que recibió advertencias que, según su versión, provendrían de personas vinculadas al Órgano Ejecutivo. De acuerdo con su denuncia, esas personas estarían buscando ejercer presión sobre él debido a las posiciones que ha asumido en asuntos relacionados con la Constitución y la democracia.
La autoridad aseguró que la información recibida apunta a la preparación de un proceso en su contra mediante hechos que, según afirmó, no habría cometido. En ese marco, expresó preocupación ante la posibilidad de que se utilicen elementos fabricados o introducidos de manera deliberada para relacionarlo con actividades ilícitas.
“Temo por mi integridad física y por mi vida”, manifestó Lara al referirse a la situación que denunció.
El vicepresidente mencionó además que habría recibido alertas de miembros de la Policía respecto a un supuesto operativo en su contra. Según su versión, los uniformados le habrían advertido que el coronel Marcelo Ferrufino estaría preparando un caso para posteriormente ejecutar una orden de aprehensión.
Lara calificó esta situación como un presunto montaje con motivaciones políticas y sostuvo que el objetivo sería limitar su actuación pública y evitar que continúe expresando sus posiciones. Sin embargo, hasta el momento, estos señalamientos forman parte de la denuncia realizada por el vicepresidente y no constituyen por sí mismos hechos establecidos judicialmente.
En su pronunciamiento, la autoridad también responsabilizó políticamente al Gobierno y a quienes eventualmente participen en las acciones que denuncia. Afirmó que cualquier afectación contra su persona, su familia o su libertad deberá ser atribuida a quienes, según su versión, estén detrás de este supuesto plan.
La denuncia fue acompañada de un pedido dirigido a diferentes instituciones del Estado. Lara solicitó a la Asamblea Legislativa Plurinacional, al Ministerio Público y a organismos nacionales e internacionales relacionados con la defensa de los derechos humanos que permanezcan atentos a cualquier actuación que pudiera afectar sus garantías.
El vicepresidente sostuvo que las instituciones tienen la responsabilidad de garantizar el respeto al debido proceso y evitar que una investigación pueda ser utilizada como mecanismo de persecución política. En esa línea, pidió que cualquier acusación que pudiera surgir en su contra sea sometida a los procedimientos correspondientes y respaldada por elementos verificables.
El pronunciamiento de Lara se produce en medio de una coyuntura marcada por una fuerte tensión política e institucional en el país. En los últimos días, la situación del Ministerio Público generó cuestionamientos y enfrentamientos entre diferentes autoridades, especialmente después de la aprehensión del fiscal general del Estado, Róger Mariaca.
Mariaca fue detenido en el marco de una investigación por presuntos vínculos con actividades relacionadas con el narcotráfico. El caso provocó diferentes reacciones políticas y abrió un debate sobre el funcionamiento de la Fiscalía, la actuación de sus autoridades y la necesidad de garantizar investigaciones independientes.
Lara cuestionó anteriormente la forma en que se produjo la aprehensión de Mariaca y pidió que se respete el debido proceso. También manifestó su rechazo a cualquier intento de modificar la situación institucional de la Fiscalía mediante mecanismos que, desde su perspectiva, no se ajusten a las normas vigentes.
En este contexto, el vicepresidente enfrenta ahora una situación política diferente, al denunciar que podría convertirse en objeto de una investigación destinada a terminar con su aprehensión. Su declaración introduce un nuevo elemento de tensión dentro de la relación entre el Ejecutivo y una autoridad que forma parte del mismo Gobierno, pero que en diferentes momentos ha expresado posiciones críticas.
Lara no presentó públicamente, en el comunicado difundido, detalles documentales que permitan verificar de manera independiente la existencia del supuesto plan que denuncia. Sus afirmaciones se basan en las advertencias que asegura haber recibido y en la información que atribuye a personas de su entorno y a efectivos policiales.
Por ello, cualquier eventual investigación o actuación de las autoridades deberá establecer si existen elementos que respalden sus acusaciones o si se trata de una denuncia derivada de la actual disputa política. También corresponderá determinar, mediante los mecanismos institucionales correspondientes, si existe alguna actuación irregular contra el vicepresidente.
Mientras permanece en España, Lara aseguró que continuará defendiendo sus posiciones y pidió que las instituciones nacionales mantengan vigilancia sobre su situación. También hizo extensivo el pedido de protección a su familia ante cualquier eventualidad.
El vicepresidente cerró su pronunciamiento con un llamado a privilegiar los mecanismos institucionales y el diálogo frente a las confrontaciones políticas. “Bolivia necesita justicia, no montajes. Necesita diálogo, no persecución política”, afirmó.
La denuncia queda ahora en manos de las instituciones señaladas por Lara, mientras continúa la incertidumbre política y judicial generada por las recientes investigaciones contra autoridades y exautoridades del Ministerio Público.