La distribución de Gas Licuado de Petróleo (GLP) en las ciudades de La Paz y El Alto cuenta con resguardo policial tras las denuncias sobre el desvío ilícito de garrafas hacia Perú, mercado donde el combustible puede llegar a venderse a costos considerablemente más altos que en Bolivia. La Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y la Policía Boliviana pusieron en marcha este jueves un operativo conjunto para acompañar a los camiones distribuidores y procurar el abastecimiento regular a los hogares.
La medida fue activada luego de advertencias del Gobierno sobre el funcionamiento continuado de redes de contrabando hacia el país vecino. De acuerdo con los informes oficiales, esta actividad irregular estaría afectando la disponibilidad de cilindros tanto en los centros urbanos paceño y alteño como en áreas rurales que dependen de la entrega periódica.
En el marco de estas acciones, un contingente policial se apostó desde tempranas horas del jueves en la planta de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) ubicada en Senkata, El Alto. Desde dichas instalaciones, los efectivos custodian los camiones cargados con garrafas hasta sus puntos de venta finales, con el fin de reducir el riesgo de que el cargamento sea desviado en el trayecto.
El despliegue busca intensificar la fiscalización y evitar que el carburante destinado al mercado interno termine en circuitos comerciales ilegales. La intervención tiene lugar tras una semana marcada por reclamos vecinales, filas y bloqueos de vías protagonizados por ciudadanos que reportaron complicaciones para adquirir el producto al precio reglamentado.
La marcada diferencia de precios actúa como el principal incentivo para estas irregularidades: en Bolivia, la garrafa de 10 kilogramos mantiene una tarifa subvencionada de Bs 22,50, mientras que en territorio peruano el precio puede rondar o sobrepasar los Bs 150, en función de las condiciones de venta y el tipo de cambio.
En paralelo al resguardo en ruta, las autoridades dieron cuenta de recientes operativos contra maniobras sospechosas. El martes pasado, uniformados intervinieron un camión que descargaba garrafas en un minibús, evidenciando los métodos empleados para desviar el carburante de su canal regular.
Asimismo, el ministro de Hidrocarburos y Energías, Marcelo Blanco, detalló que a lo largo de octubre se confiscaron 14.097 litros de gasolina y 659 garrafas de GLP en diversas inspecciones, entre las cuales destaca la incautación de 223 unidades en la Terminal Interprovincial de El Alto. Si bien estos datos reflejan la magnitud de los operativos, los reportes oficiales no precisaron cuántas de las garrafas comisadas tenían como destino final el territorio peruano.
A través del trabajo coordinado entre la ANH y la fuerza pública desde Senkata, el Ejecutivo apunta a frenar la salida clandestina del recurso subvencionado, mientras la población aguarda que la vigilancia se traduzca en la normalización definitiva del suministro de gas doméstico. (Unitel)
