El Gobierno nacional puso en marcha una investigación con el fin de esclarecer las amenazas denunciadas contra el entorno familiar del presidente Rodrigo Paz. El mandatario considera que dichos riesgos estarían relacionados con las medidas ejecutadas frente a organizaciones criminales y grupos vinculados al narcotráfico. El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, corroboró que los equipos de seguridad trabajan en el asunto, si bien optó por mantener en reserva los pormenores hasta reunir elementos concluyentes sobre el origen de los amedrentamientos y los posibles responsables.
La intervención estatal se conoció luego de que el jefe de Estado exteriorizara públicamente su inquietud por la seguridad de sus allegados. El pasado lunes 19 de octubre, Paz relacionó las presuntas amenazas con las decisiones tomadas respecto al caso del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset y otras redes ilícitas. A criterio de la autoridad, la postura asumida contra estas estructuras podría haber provocado situaciones de peligro para su núcleo más cercano.
En esa línea, Oviedo ratificó el avance de las pesquisas y anticipó que los detalles se difundirán una vez que existan pruebas consolidadas para sustentar la información pública. Hasta la fecha, las instancias oficiales no han individualizado a sospechosos ni puntualizado si los hostigamientos ocurrieron por llamadas, mensajes u otros medios. Dicha cautela, de acuerdo con el titular de Gobierno, apunta a evitar conjeturas infundadas.
Aparte de exponer la situación de su entorno familiar, Paz expresó preocupación por las garantías hacia los operadores de justicia, en particular los jueces que operan en zonas fronterizas. El presidente advirtió que estos funcionarios podrían encontrarse expuestos a presiones delictivas orientadas a condicionar fallos o neutralizar operativos gubernamentales.
Bajo ese escenario, el mandatario insistió en que el miedo no puede frenar la vigencia de la ley y recalcó la urgencia de dar protección a jueces y autoridades a fin de que ejerzan sus tareas con independencia. Asimismo, aludió a las amenazas procedentes de bandas criminales de alcance internacional como el Primer Comando de la Capital (PCC) y el Comando Vermelho, grupos que, según planteó, demandan atención institucional.
Las advertencias sobre posibles peligros ya habían sido mencionadas con anterioridad por la autoridad. El 11 de octubre, en un acto en Cobija, Pando, Paz señaló haber sido informado sobre un eventual riesgo contra su vida previo a trasladarse a ese departamento. Aquellas declaraciones sucedieron tras la aprehensión en Santa Cruz de un presunto cabecilla del PCC, si bien no se revelaron antecedentes que confirmen un vínculo directo con las intimidaciones expuestas.
Las averiguaciones procuran determinar si las denuncias corresponden a planes reales de bandas del crimen organizado y evaluar esquemas de protección pertinentes, en un marco en el que todavía no se han presentado elementos públicos concluyentes contra autores o agrupaciones específicas.
El Ejecutivo sostiene la reserva del caso mientras transcurren las tareas de inteligencia. El reporte oficial abarca únicamente el inicio de la investigación y las declaraciones de Paz, manteniéndose por ahora sin identificar la procedencia y el alcance de las presuntas intimidaciones. (Estrella del Oriente)
