El expresidente Evo Morales rechazó las declaraciones del ministro de la Presidencia, Fernando Aramayo, quien comunicó que el Ejecutivo activó mecanismos de coordinación regional para abordar la situación judicial que involucra al exmandatario. Morales objetó la medida y afirmó que recurrir a la colaboración externa evidenciaría una presunta debilidad por parte del gobierno de Rodrigo Paz.
Mediante una carta pública emitida desde Lauca Ñ, en el Trópico de Cochabamba, el dirigente del Movimiento Al Socialismo (MAS) dirigió sus cuestionamientos hacia Aramayo, a quien tildó de “ministro de colonias”. En su pronunciamiento, sostuvo que las gestiones de apoyo internacional representarían una pérdida de capacidad estatal para atender asuntos internos.
Cuestionamientos a la intervención externa
Morales argumentó que las causas concernientes a ciudadanos bolivianos deben canalizarse estrictamente a través de las instituciones y leyes del país. Para el exjefe de Estado, el anuncio oficial refleja desesperación y dejaría al descubierto problemas internos de la administración de Paz, además de responder, según su interpretación, a una supeditación a intereses del exterior.
Por su parte, el Ejecutivo sostiene que la articulación internacional obedece al alcance que asigna al entorno político de Morales y a las conexiones que identifica con entidades y actores extranjeros.
El argumento de la coordinación regional
La controversia se originó luego de que Aramayo informara la puesta en marcha de un esquema de cooperación regional ante el caso del exmandatario. La autoridad remarcó que se toman en cuenta los nexos internacionales atribuidos a Morales, haciendo referencia a espacios como la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), y aseguró que existen estructuras que sobrepasan las fronteras nacionales.
Aramayo también asoció este panorama con las protestas de junio, cuando bloqueos de carreteras interrumpieron la circulación durante semanas, señalando que en ese periodo se habrían advertido mecanismos de desinformación con injerencia internacional. Asimismo, puntualizó que la cooperación con otros Estados debe enmarcarse en la normativa legal de Bolivia y bajo respeto a la soberanía.
Intensificación del cruce político
El choque discursivo entre ambas partes profundiza las tensiones. El Gobierno acusa que en las gestiones de Morales se habrían consolidado estructuras asociadas al crimen organizado y al narcotráfico, y cuestiona que la bonanza económica de ese periodo no se hubiese traducido suficientemente en avances de salud, educación, infraestructura y empleo.
Frente a ello, Morales reivindicó los resultados económicos y sociales de sus 14 años de mandato, asegurando que el país vivió una etapa de crecimiento, y reiteró el término “golpe de Estado” para referirse a la crisis política de 2019.
Mención a Fernando Cerimedo
En su misiva, Morales aludió también al argentino Fernando Cerimedo, vinculado previamente a la campaña de Rodrigo Paz. El expresidente aseveró que Cerimedo habría asumido un rol cercano al actual mandatario y lanzó señalamientos sobre presuntos nexos del asesor con estructuras de narcotráfico y operaciones internacionales.
Impacto político del conflicto
El intercambio entre Morales y el ministro Aramayo ratifica que el proceso judicial mantiene un fuerte componente político. Mientras el Gobierno argumenta la necesidad de coordinación regional frente a supuestos vínculos internacionales del exgobernante, Morales denuncia una intromisión indebida en causas de jurisdicción nacional. El escenario permanece abierto a nuevas repercusiones en función del avance de las actuaciones judiciales. (Visión 360)