El vicepresidente del Estado y presidente nato de la Asamblea Legislativa Plurinacional, Edmand Lara, posesionó este lunes a José Armando Urioste como fiscal general interino. La designación se formalizó luego de que el Legislativo aprobara su nombramiento temporal para asumir la conducción del Ministerio Público en reemplazo de Roger Mariaca.
El acto de juramento se llevó a cabo tras varias horas de incertidumbre en torno al procedimiento parlamentario empleado para separar a Mariaca de sus funciones. Inicialmente, Lara expresó dudas sobre la legalidad de los actuados de la Asamblea y condicionó el acto a la revisión de la documentación oficial emanada de la sesión.
Una vez concretada la investidura, el vicepresidente encomendó a Urioste una tarea central de saneamiento en el Ministerio Público, exigiendo apego a la Constitución Política del Estado y a las leyes vigentes.
“Su misión es limpiar la corrupción que existe en la Fiscalía”, afirmó Lara en el acto, remarcando que el ejercicio del cargo debe cumplir con la transparencia, el debido proceso y la presunción de inocencia.
Revisión de documentos previos a la posesión
Lara explicó que la demora en el juramento no buscó entorpecer el proceso ni constituyó una objeción personal hacia Urioste, sino que respondió a la exigencia de verificar que las resoluciones del Legislativo se adecuaran al orden constitucional.
“Si bien lo estamos haciendo ahora es porque queríamos tener la documentación. No había ningún afán, no había ningún capricho, lo que había es respeto a la Constitución y a la legalidad”, sostuvo Lara.
Asimismo, el vicepresidente señaló que el titular de la Cámara de Senadores, Diego Ávila, no le remitió de forma oportuna la documentación requerida para el análisis, motivo por el cual tuvo que solicitarla de manera directa antes de proceder con el acto oficial.
Compromiso de independencia y continuidad procesal
Al asumir la titularidad interina, Urioste destacó que cuenta con el apoyo de parlamentarios del oficialismo y de la oposición, lo cual, según expuso, le otorga un margen de actuación alejado de intereses partidarios.
Con un mandato transitorio de 90 días, la autoridad interina fijó como prioridad restablecer la confianza ciudadana y resumió su labor en la meta de “dejar la casa ordenada”, tras el conflicto institucional suscitado por la suspensión de Mariaca.
“No se va a tapar ningún proceso”
En referencia a las investigaciones en curso, Urioste afirmó que “no se va a tapar ningún proceso”, descartó el cierre indebido de expedientes y garantizó que las causas continuarán bajo los marcos normativos. También lanzó una advertencia frente a posibles intentos de soborno, señalando que quien pretenda ofrecerle dinero para alterar resoluciones podría resultar aprehendido.
A su vez, puntualizó la necesidad de evitar acciones que deriven en persecuciones arbitrarias contra personas que no hayan incurrido en delitos, delimitando el combate a la corrupción dentro de las garantías constitucionales.
Mandato de transición
La llegada de Urioste se produce en una coyuntura de alta tensión en el sistema judicial boliviano. Durante su periodo de 90 días, la fiscalía interina deberá sostener las investigaciones de relevancia, atender las denuncias institucionales y preservar la independencia frente a pugnas de carácter político.