A través de un pronunciamiento dirigido a la opinión pública, autoridades y al sector empresarial, la Sociedad Boliviana de Cemento S.A. (SOBOCE) ratificó la plena vigencia de su derecho a percibir una indemnización tras la expropiación de su paquete accionario del 33,34% en la Fábrica Nacional de Cemento S.A. (FANCESA).
La compañía recordó que la expropiación y transferencia a favor de la Gobernación del Departamento de Chuquisaca fue dispuesta mediante el Decreto Supremo N° 0616 del 1 de septiembre de 2010. Dicha norma contemplaba expresamente la obligación de indemnizar a la firma, estableciendo un plazo inicial de 180 días para la respectiva valuación y desembolso. No obstante, señalaron que el Estado nunca canceló el monto correspondiente pese a haber transcurrido 16 años desde su promulgación.
Frente a las controversias institucionales sobre qué entidad debe asumir la erogación, la firma consideró que la polémica sobre si el responsable es el Gobierno central o la Gobernación de Chuquisaca representa únicamente un pretexto más para demorar la obligación pendiente.
Asimismo, la empresa fundamentó su reclamo en la Constitución Política del Estado, citando el artículo 56, que consagra la propiedad privada, y el artículo 57, que dispone que ninguna expropiación puede ejecutarse sin una previa y justa indemnización.
En el marco de la discusión en torno a la propuesta de Ley de Inversiones, SOBOCE advirtió que la falta de cumplimiento efectivo merma la seguridad jurídica, reduciendo las garantías a un simple discurso. De igual manera, remarcó que la falta de tutela jurisdiccional perjudica a la empresa y transgrede sus derechos consagrados en el “Convenio entre el Gobierno de la República del Perú y el Gobierno de la República de Bolivia sobre Promoción y Protección Recíproca de Inversiones”, suscrito el 30 de julio de 1993.
Finalmente, la compañía aseveró que mantiene activas todas las vías jurídicas ante instancias nacionales e internacionales para hacer cumplir el cobro de la deuda y recalcó la necesidad de señales claras de respeto a los compromisos estatales para atraer capitales al país.