El presidente Rodrigo Paz instó a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) a acelerar el tratamiento de la norma relacionada con el Fondo Monetario Internacional (FMI), cuyo debate está previsto para la próxima semana. De acuerdo con el mandatario, la aprobación de este proyecto permitiría al Estado acceder a aproximadamente 1.900 millones de dólares, destinados a reforzar las finanzas públicas y abrir opciones de financiamiento para infraestructura.
El pedido fue expuesto este domingo durante su intervención en la Sesión de Honor por el aniversario de Cochabamba. Paz abordó la situación económica boliviana y solicitó a diputados y senadores priorizar la discusión del proyecto una vez que ingrese formalmente a las cámaras legislativas.
El jefe de Estado indicó que la labor parlamentaria arrancará en el transcurso de la semana que inicia y manifestó su expectativa de que el trámite avance con celeridad, al considerar la norma como un paso clave en su estrategia para frenar el déficit fiscal y ordenar la economía pública.
Paz detalló que su administración ya implementó acciones para contener el deterioro fiscal, entre ellas limitar el financiamiento monetario estatal. Según expuso, estas medidas permitieron reducir el déficit en más de 23.000 millones de bolivianos. A esto sumó avances en la unificación del tipo de cambio y la formulación de un presupuesto para la gestión 2026 que calificó como realista ante el contexto del país.
Respecto a los recursos, el Presidente enfatizó que los cerca de 1.900 millones de dólares del FMI ayudarían a reequilibrar las cuentas nacionales y generarían las condiciones para captar financiamiento adicional. En esa línea, sostuvo que la llegada de ese capital podría facilitar la apertura de líneas de crédito por un monto estimado de entre 5.000 y 7.000 millones de dólares destinados a proyectos de obras públicas en Bolivia.
Por otra parte, Paz buscó dar certidumbre sobre las políticas de asistencia estatal y aseguró la continuidad de las transferencias y rentas vigentes. En particular, ratificó la vigencia de programas como el Bono Juancito Pinto y el Bono Juana Azurduy, manifestando que el ordenamiento de las cuentas fiscales no implicará desproteger a los sectores que perciben dichos beneficios.
El tratamiento legislativo de la norma vinculada al organismo internacional dependerá de la agenda y consensos de las bancadas en la ALP a partir de la próxima semana. (ABI)