El Ministerio de Economía se encuentra evaluando la situación de entre ocho y 10 empresas estatales que enfrentan dificultades financieras. De acuerdo con las autoridades, la clausura de algunas de estas entidades podría empezar en los próximos meses, mientras que en otros casos se estudiará si cuentan con condiciones para seguir operando.
El titular de esa cartera de Estado, Christian Morales, comunicó este jueves que se lleva adelante una revisión individual de las compañías públicas que reportan complicaciones económicas, proceso que podría derivar en el cierre de un grupo de ellas a corto plazo.
“En el muy corto plazo, te hablo por lo menos en lo que va de estos meses, hay un grupo de unas ocho, 10 empresas que vamos a empezar a cerrarlas”, señaló Morales en una entrevista con radio Erbol.
La autoridad precisó que no se aplicará un criterio uniforme a todas las firmas estatales, pues cada una atraviesa una realidad particular. En ese sentido, la determinación de un eventual cierre dependerá del análisis de variables financieras, administrativas y jurídicas.
Dentro de los factores que se toman en cuenta figuran los activos y pasivos de cada firma, además de los compromisos económicos contraídos en sus años de actividad. Morales añadió que también se revisarán los créditos otorgados por el Banco Central de Bolivia y las deudas que cuentan con el respaldo del Tesoro General de la Nación como garante.
El ministro remarcó que el propósito es hallar una solución orientada a resguardar los fondos del Estado y evitar que se sigan asignando recursos a proyectos carentes de sostenibilidad.
“Tenemos que ver la mejor forma de solucionar estos aspectos, porque al final de cuentas son recursos públicos, son recursos de todos los bolivianos”, afirmó.
Evaluación caso por caso
Morales apuntó que algunas entidades podrían encarar un proceso de clausura más rápido dada la gravedad de su estado financiero, en tanto que otras continuarán en análisis si muestran posibilidades de viabilidad.
Asimismo, la evaluación procura evitar que determinaciones apresuradas desencadenen nuevos litigios o compromisos económicos para el Estado. Por esta razón, el Ejecutivo prevé definir mecanismos puntuales para resolver deudas, contratos vigentes, activos y obligaciones pendientes antes de dar por concluidas las operaciones de cada firma.
El ministro también cuestionó la creación de ciertas empresas públicas en administraciones pasadas, al sostener que habrían respondido a intereses políticos o al objetivo de generar empleos para estructuras partidarias. Ante ello, aseguró que la actual gestión busca transformar ese esquema y priorizar la eficiencia en el gasto público.
Menos burocracia
De manera paralela, Morales dio a conocer que se ejecutó una reducción cercana al 30% en la estructura burocrática de las instituciones del nivel central del Estado.
El recorte abarca al Órgano Ejecutivo así como a entidades descentralizadas y desconcentradas. Según la autoridad, este ajuste representó un ahorro de aproximadamente Bs 2.000 millones.
Explicó que esos fondos liberados fueron reorientados a sectores definidos como prioritarios, entre ellos salud y educación, dentro de una estrategia para reducir el gasto administrativo.
La subvención a los combustibles
En la misma entrevista, Morales abordó el tema de la subvención a los carburantes y la presión que ejerce en las arcas fiscales.
Detalló que el Estado eroga mensualmente cerca de $us 200 millones para mantener este esquema, gasto que considera significativo para las cuentas públicas y que conduce al Gobierno a estudiar alternativas.
Bajo esa línea, planteó que la administración estatal debe analizar la continuidad de dicha política de subvención o si una parte de esos recursos podría destinarse a proyectos de inversión.
La definición respecto a cada empresa pública dependerá de los informes técnicos, legales y financieros finales, a fin de determinar qué firmas pueden mantenerse en funcionamiento y cuáles representan una carga insostenible para el erario nacional.