La Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) planteó la necesidad de modificar y dar mayor celeridad a los procedimientos para otorgar derechos y licencias mineras. Según la entidad, la excesiva demora burocrática estaría empujando a diversos operadores hacia la informalidad. El director de la institución, Jaime Sanabria, remarcó que Bolivia atraviesa una situación compleja, donde una parte considerable de la actividad extractiva opera al margen de las exigencias del Estado.
Sanabria argumentó que la acumulación de trabas administrativas a lo largo de los años se transformó en un elemento que fomenta la minería ilegal. Quienes buscan trabajar en el marco de la ley deben encarar gestiones que pueden extenderse durante una década o más, lo que, desde su perspectiva, choca con el objetivo de consolidar un sector regulado que aporte ingresos al país.
El titular de la AJAM precisó que acceder a las autorizaciones legales para un área minera puede tomar entre 10 y 15 años, a diferencia de otros países donde la asignación se resuelve en plazos notoriamente menores. Como referencia, señaló que existen naciones donde el trámite se completa en cerca de 30 minutos, mientras que en el territorio nacional demanda años. Esta disparidad, indicó, hace indispensable revisar los esquemas administrativos para acortar tiempos sin descuidar los controles.
El planteamiento de la entidad apunta a que el Estado ordene los trámites pendientes, evalúe el estado de los derechos mineros y establezca vías para incorporar a los operadores a la legalidad. Para Sanabria, las tareas de interdicción son necesarias pero insuficientes si no se corrigen las trabas de acceso al sistema formal.
“Hay que adoptar medidas administrativas para regularizar todos estos derechos, para normalizarlos y que toda esta gente entre a la formalidad”, manifestó el director de la AJAM.
El funcionario advirtió que este escenario no se limita a las zonas de la Amazonía con alta explotación de oro, sino que abarca regiones con tradición minera como Potosí, Chuquisaca, Tarija y Oruro. En Potosí, por ejemplo, destacó la presencia de actividades tradicionales que demandan fiscalización y regularización.
Asimismo, la autoridad señaló que durante diversas intervenciones se hallaron faenas que no corresponden a esquemas artesanales o de pequeña escala. En algunos casos se habría constatado el empleo de maquinaria moderna, infraestructura especializada y campamentos con inversiones que superarían los cinco millones de dólares, lo que demuestra la capacidad logística y económica de estas estructuras.
Sanabria expresó además su preocupación por la tolerancia social en ciertos sectores, donde presuntamente algunas comunidades habrían admitido faenas extractivas a cambio de recibir una parte de los beneficios económicos, lo que complica los operativos estatales.
Frente a las consecuencias económicas para el país, el director recalcó que el sector minero tiene potencial para generar recursos sustanciales, siempre que existan reglas claras, menor burocracia y autorizaciones en regla, diferenciando además a los pequeños productores de las estructuras de gran escala.
“La minería puede solucionar esos problemas, pero tenemos que afrontar este problema de manera seria y contundente”, afirmó.
Desde la AJAM recalcaron que dar agilidad a los trámites no implica prescindir de la fiscalización técnica y ambiental, sino evitar que los plazos excesivos sigan alejando a los operadores de la legalidad. (Erbol)