La situación en los recintos penitenciarios de Bolivia genera preocupación por el repunte de hechos violentos en el presente año. El Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, comunicó que 17 privados de libertad perdieron la vida en circunstancias violentas en lo que va de 2026, cantidad que sobrepasa el total acumulado en todo 2025.
El informe fue expuesto este miércoles en la apertura del Seminario Internacional “Sistemas Penitenciarios y Prevención de la Tortura en América”, llevado a cabo en Santa Cruz. Durante su intervención, Callisaya manifestó su inquietud ante los niveles de violencia que se estarían alcanzando en los centros penitenciarios del país.
De acuerdo con la autoridad, los 17 decesos ocurridos en los primeros meses de 2026 plantean un panorama que exige una atención urgente del Estado. Dicho registro supera en dos casos las muertes violentas computadas en los doce meses del año precedente.
Para el Defensor del Pueblo, esta tendencia responde a fallas estructurales y no a hechos aislados. Sostuvo que se evidencia una violencia en profundización ligada a las condiciones en las que viven miles de reclusos.
Uno de los factores determinantes es el hacinamiento. En la actualidad, más de 33.000 personas permanecen recluidas en 46 recintos carcelarios de Bolivia, lo que somete a una fuerte presión a la infraestructura y a los servicios básicos.
Callisaya remarcó que la sobrepoblación impacta negativamente en la convivencia cotidiana y entorpece el suministro de atención en salud, régimen alimentario y resguardo interno. Entre los establecimientos más críticos citó al penal de San Pedro, en La Paz, y a Palmasola, en Santa Cruz, debido a su alta concentración de reclusos y elevados niveles de saturación.
La Defensoría advirtió que la sobrepoblación puede transformarse en un detonante de disputas y episodios violentos, ya que la aglomeración de internos complica las tareas de control e incrementa la exigencia sobre los esquemas de seguridad.
Asimismo, la institución identificó como problema central el alto índice de personas sin condena: el 53,9% de los internos se encuentra bajo detención preventiva. Esto implica que más de la mitad de la población carcelaria aguarda una determinación en los tribunales, situación que desvirtúa la función de los penales y los reduce a sitios de encierro sin un enfoque efectivo de rehabilitación y reinserción social.
Frente a este escenario y en el marco de la defensa de los derechos humanos, Callisaya subrayó la urgencia de fortalecer los mecanismos orientados a prevenir la tortura y malos tratos. Planteó que estos entes deben disponer de independencia, financiamiento y facultades para inspeccionar de forma irrestricta los recintos a fin de identificar riesgos antes de que deriven en desenlaces fatales.
El Defensor incidió en que la respuesta institucional no debe limitarse a intervenir tras las muertes o riñas, sino apostar por la prevención, la dotación de personal capacitado de custodia, la mejora de servicios sanitarios y de alimentación, y la agilización judicial para descongestionar las penitenciarías garantizando el debido proceso.