Hasta el cierre de agosto, Bolivia acumuló 57 feminicidios y 16 infanticidios, de acuerdo con el reporte oficial de la Fiscalía General del Estado a través de su plataforma de atención a víctimas. Estas cifras reflejan que, en promedio, se cometió un feminicidio aproximadamente cada cuatro días en el territorio nacional.
El desglose por departamentos sitúa a La Paz con la mayor cantidad de feminicidios, sumando 19 víctimas. En segundo lugar se ubica Santa Cruz con 11 casos, mientras que Cochabamba y Oruro registraron ocho cada uno. Por su parte, Potosí contabilizó cuatro; Chuquisaca, tres; Tarija, dos; y tanto Beni como Pando reportaron un caso cada uno, detalló el Ministerio Público.
Respecto a los 16 infanticidios registrados en los primeros ocho meses del año, Cochabamba encabeza la lista con siete víctimas, seguida por Santa Cruz con cuatro. En tanto, Tarija reportó dos hechos, mientras que Chuquisaca, La Paz y Potosí sumaron un caso por departamento. Las estadísticas oficiales no consignan infanticidios en Beni ni en Pando.
Los datos han encendido alertas en organizaciones que defienden los derechos de mujeres, niñas, niños y adolescentes, las cuales enfatizan que los hechos de violencia extrema suelen venir precedidos por agresiones, maltratos y amenazas que demandan una intervención oportuna del Estado.
En ese sentido, representantes de la sociedad civil sostienen que las leyes y protocolos deben contar con financiamiento, personal técnico calificado y capacidad operativa en los distintos municipios. Virginia Quispe, directora del colectivo Sinchi Warmis, cuestionó la implementación de los mecanismos establecidos en la Ley 348 —norma que busca garantizar a las mujeres una vida libre de violencia— al considerar que sus procedimientos no estarían activándose de forma suficientemente efectiva frente a las alertas tempranas.
Quispe manifestó además su preocupación ante el posible impacto de las restricciones económicas en las entidades municipales de protección, como las Defensorías de la Niñez y Adolescencia y los Servicios Legales Integrales Municipales (SLIM). Advirtió que un eventual recorte de recursos en estas dependencias podría mermar el seguimiento de denuncias y la atención a personas vulnerables.
Frente a este escenario, activistas y defensores de derechos humanos insisten en que la respuesta estatal no debe limitarse a sancionar los delitos consumados, sino que debe priorizar la detección temprana y el sostenimiento de los servicios de asistencia inmediata para evitar desenlaces fatales. (Erbol)