El Gobierno denunció un presunto daño económico al Estado vinculado a la adquisición de un millón de billetes conmemorativos del Bicentenario de Bolivia. La observación surge debido a que, pese al tiempo transcurrido desde su compra, menos del 4% de las piezas habría sido comercializado.
La acción fue impulsada por el Viceministerio de Transparencia, instancia que observó el proceso mediante el cual el Banco Central de Bolivia (BCB) adquirió el lote en abril de 2024, durante la presidencia de Luis Arce.
Según detalló el viceministro de Transparencia, Yamil García, la operación demandó un desembolso superior a los Bs 4,8 millones provenientes de recursos públicos. La meta era emitir una colección numismática especial por los 200 años de la independencia nacional y vender los ejemplares a la ciudadanía y a coleccionistas.
No obstante, una auditoría especial habría determinado que el flujo de comercialización fue marcadamente bajo. Conforme a las cifras expuestas por García, se vendían cerca de 270 unidades por mes; a ese ritmo, se requerirían más de dos siglos para agotar el millón de billetes encargados.
“Si el Banco Central continuaba vendiendo a razón de 270 piezas por mes, iban a pasar más de 200 años sin que se puedan vender este millón de piezas”, afirmó García al detallar los reparos hallados en la operación.
Estos billetes conmemorativos se fabricaron en polímero y destacan figuras históricas como Simón Bolívar, Antonio José de Sucre, Túpac Katari y Bartolina Sisa, además de diversos elementos de la identidad y el patrimonio del país. El precio unitario de salida al público se fijó en Bs 50; sin embargo, las ventas no habrían alcanzado las metas esperadas.
El Viceministerio de Transparencia apuntó principalmente a la presunta falta de estudios previos y análisis técnicos, legales y de mercado que justificaran la viabilidad y demanda real para contratar un tiraje de tal magnitud.
A raíz de esta situación, que habría derivado en un uso ineficiente de fondos estatales, la cartera anunció que los resultados de la auditoría respaldarán una denuncia penal ante el Ministerio Público por la posible comisión de conducta antieconómica y contratos lesivos al Estado.
La investigación involucrará a Roger Edwin Rojas, quien se desempeñaba como presidente interino del BCB al momento de la compra, así como a miembros del directorio de la institución y personal de Tesorería y de Análisis y Programación. Asimismo, el viceministerio adelantó que pedirá medidas preventivas, entre ellas la anotación preventiva de bienes, para asegurar la eventual restitución de los recursos fiscales si la justicia comprueba el daño económico.