El presidente Rodrigo Paz dio a conocer un giro en la estrategia para el suministro de carburantes en el país, al abrir la posibilidad de facilitar una mayor intervención del sector privado en la importación. La determinación se dio a conocer luego de que admitiera que Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) no alcanzó los niveles de provisión requeridos para cubrir la demanda interna de forma continua.
Según explicó la autoridad, el Ejecutivo tiene la disposición de respaldar a las firmas y operadores privados interesados en internar combustibles desde el exterior. El objetivo de la medida consiste en diversificar las opciones para afianzar el suministro y mitigar los problemas que persisten en el mercado local.
Durante su intervención, el jefe de Estado observó el desempeño de la compañía estatal y reconoció que, más allá de los esfuerzos desplegados, YPFB no logró cumplir con las metas fijadas por la administración central. Frente a este panorama, indicó que se deben analizar otras alternativas para impedir que los inconvenientes de abastecimiento sigan perjudicando a la población y a los sectores productivos.
“Hemos intentado de todas las formas de que YPFB pueda cumplir con sus objetivos, pero es parte de una institución que no logra llegar a los objetivos que quieren todos los bolivianos”, afirmó Paz.
Otro aspecto abordado por el mandatario fue la vigencia de la subvención a los carburantes. Paz señaló que el Estado canaliza cuantiosos recursos para sostener las tarifas por debajo de los parámetros internacionales, mientras existen otras áreas prioritarias que demandan financiamiento público.
Entre estas necesidades, mencionó la edificación y el equipamiento de centros médicos, unidades educativas, obras camineras y la contratación de personal para salud y educación. Con esos argumentos, remarcó la importancia de evaluar si el esquema del subsidio todavía es sostenible para las arcas del Estado.
Paz apuntó además a la disparidad de precios entre Bolivia y los países vecinos, señalando que dicha diferencia fomenta el desvío ilícito del producto subvencionado hacia mercados externos, lo que repercute en la disponibilidad nacional y en el gasto fiscal.
“¿O pagamos subsidio para que nos roben y se lleven el combustible a otros países o utilizamos esos recursos para las necesidades de los bolivianos?”, cuestionó el jefe de Estado al referirse a esta problemática.
El mandatario detalló que el abastecimiento y el costo fiscal del subsidio ya fueron tratados en reuniones con autoridades de municipios y gobernaciones de diversas regiones, quienes manifestaron su inquietud por el peso que tiene este gasto frente a las demandas de inversión pública.
De forma paralela, sumó a la discusión la situación de los vehículos sin registro, conocidos como “chutos”. Paz planteó que una eventual regularización de estos motorizados tendría que ser analizada en la Asamblea Legislativa Plurinacional.
El dignatario argumentó que estos coches ya transitan por las rutas del país y demandan carburantes sin figurar formalmente registrados. A su juicio, una legalización posibilitaría incorporarlos a la base tributaria y generar recursos para las alcaldías.
El planteamiento abre un nuevo escenario en el ámbito económico y político, considerando que posibles variaciones en el esquema de importación o en la política de subvención incidirían sobre las cuentas fiscales, los consumidores y las actividades productivas. (El Alteño)