La Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) instaló este domingo una reunión para evaluar el impacto del Decreto Supremo 5676, disposición que modificó el esquema de comercialización del diésel y generó rechazo entre diferentes sectores productivos del país.
El encuentro se desarrolla en medio de la preocupación expresada por productores y organizaciones empresariales debido a las dificultades que persisten en el acceso al combustible y al incremento del costo para determinados consumidores. La dirigencia agropecuaria busca definir una posición institucional y establecer qué medidas asumirá el sector en los próximos días.
La reunión ocurre después de que representantes de la CAO demandaran al Gobierno dejar sin efecto la normativa. El sector había fijado este domingo como plazo para que el Ejecutivo atienda su pedido y anticipó que, en caso de no existir una respuesta favorable, acudirá al Comité pro Santa Cruz para solicitar la convocatoria de una Asamblea de la Cruceñidad.
La posición fue planteada por el presidente de la CAO, Klaus Frerking, después de un congreso extraordinario desarrollado en el municipio de Warnes. En esa oportunidad, el dirigente sostuvo que el sector productivo necesita soluciones que permitan garantizar el abastecimiento de combustible y evitar que las nuevas condiciones terminen afectando los costos de producción.
¿Qué establece el Decreto Supremo 5676?
El Decreto Supremo 5676 contempla un esquema de precios diferenciados para el diésel. De acuerdo con la normativa, determinados grupos de consumidores que superan un volumen mensual de compra establecido deben adquirir el combustible a un precio de Bs 18 por litro.
Para los consumidores que se encuentran fuera de esos grupos y no superan el límite establecido, el precio se mantiene en Bs 9,80 por litro.
La modificación generó cuestionamientos principalmente por la diferencia existente entre ambos valores. Desde la CAO consideran que el mecanismo puede provocar distorsiones en el mercado y generar mayores dificultades para los sectores que requieren grandes cantidades de combustible para desarrollar sus actividades.
Los productores utilizan diésel en diferentes etapas de la actividad agropecuaria, desde la preparación de terrenos y siembra hasta la cosecha y el transporte de los productos. Por ello, cualquier incremento en el costo del combustible puede trasladarse a los gastos de producción y, posteriormente, repercutir en otros eslabones de la cadena.
La dirigencia de la CAO sostiene que el nuevo esquema tampoco solucionaría el problema principal relacionado con la disponibilidad de diésel. Desde su perspectiva, mantener diferentes precios podría generar incentivos para prácticas irregulares, especulación y posibles hechos de corrupción.
Sector productivo advierte efectos económicos
La preocupación del sector agropecuario se relaciona no solamente con el precio del combustible, sino también con el impacto que la medida podría tener sobre la producción nacional.
La CAO ha destacado en sus pronunciamientos la importancia del sector agropecuario para la economía boliviana y su aporte en la generación de fuentes de empleo y divisas.
El sector considera que elevar los costos de operación en el campo puede afectar la competitividad de los productores y encarecer el traslado de alimentos y materias primas.
En ese contexto, los representantes del empresariado agropecuario plantean que el Gobierno debe buscar alternativas que permitan solucionar el abastecimiento sin establecer mecanismos que, según advierten, terminen perjudicando a los grandes consumidores de combustible.
La discusión también alcanza al sector cañero. La Comisión Nacional de Productores Cañeros de Bolivia manifestó su rechazo al decreto y planteó sus propias demandas relacionadas con la política energética.
Los productores cañeros solicitan, entre otros puntos, que se establezca un precio considerado adecuado para el etanol y que se cumplan compromisos económicos pendientes por la adquisición de este biocombustible.
Más sectores anuncian movilizaciones
El desacuerdo con el Decreto 5676 no se limita a la dirigencia agropecuaria cruceña. Durante los últimos días, otras organizaciones productivas anunciaron posibles medidas de presión en diferentes regiones.
En Santa Cruz, productores de la zona de San Julián resolvieron preparar un bloqueo de carreteras a partir de las primeras horas del miércoles. La determinación fue asumida como parte de las acciones para exigir cambios en la política de combustibles.
En Cochabamba también se anunciaron movilizaciones. Organizaciones de productores del trópico determinaron realizar una marcha el viernes 4 de septiembre, después de una reunión en la que participó el expresidente Evo Morales.
Las decisiones adoptadas por estos sectores incrementan la presión sobre el Ejecutivo, que deberá definir si mantiene el actual esquema, introduce modificaciones o plantea una alternativa para atender las demandas de los productores.
Gobierno mantiene defensa de la norma
Desde el Gobierno se ha defendido la aplicación del Decreto Supremo 5676 y, hasta el momento, el Ejecutivo no ha aceptado la solicitud de abrogación planteada por los sectores productivos.
Sin embargo, autoridades gubernamentales señalaron que existe la posibilidad de realizar modificaciones a la normativa, aunque todavía no se conocen de manera oficial los cambios que podrían ser considerados.
Uno de los puntos que generó controversia fue la explicación relacionada con el Fondo Monetario Internacional (FMI). El ministro de la Presidencia, Fernando Aramayo, señaló que la implementación de la medida estaría vinculada a un “condicionamiento” dentro del proceso de negociación que Bolivia mantiene con el organismo internacional para acceder a financiamiento.
Esta afirmación generó cuestionamientos debido a que, semanas antes, el entonces ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, había señalado que el FMI no había impuesto condicionamientos de ese tipo.
La diferencia entre ambas declaraciones añadió otro elemento al debate sobre la política de combustibles y la situación económica del país.
CAO define su posición
La reunión de la CAO se desarrolla en un escenario marcado por la presión de los productores, los anuncios de movilización y la incertidumbre respecto a la respuesta que dará el Gobierno.
La dirigencia deberá analizar los efectos que el Decreto 5676 puede generar sobre las actividades agrícolas y definir si mantiene el pedido de abrogación o plantea modificaciones concretas a la norma.
También deberá determinar las acciones que asumirá el sector en caso de que el Ejecutivo no atienda sus demandas. Entre las alternativas anunciadas se encuentra recurrir al Comité pro Santa Cruz para solicitar una Asamblea de la Cruceñidad, instancia desde la cual podrían definirse nuevas medidas.
El conflicto por el precio y abastecimiento del diésel se mantiene así como uno de los principales temas de preocupación para los sectores productivos. Mientras las organizaciones exigen soluciones y garantías para desarrollar sus actividades, el Gobierno sostiene la necesidad de mantener medidas destinadas a ordenar la comercialización del combustible.
La decisión que adopte la CAO durante esta jornada será determinante para conocer el rumbo que tomará el sector agropecuario cruceño y si las demandas derivarán en nuevas acciones de presión durante los próximos días.