El presidente Rodrigo Paz descartó este jueves la opción de anular el decreto que modificó la subvención del diésel para grandes consumidores, aunque admitió la posibilidad de revisar y ajustar la normativa. El pronunciamiento se dio durante un encuentro con delegados de la Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia (FAM), en un contexto marcado por reclamos ante el alza en los costos del carburante.
A lo largo de la reunión, la autoridad remarcó que cualquier modificación debe respetar el propósito financiero con el que fue aprobada la medida. Con ello, diferenció la opción de pulir detalles del texto de la alternativa de retirarlo por completo.
“El decreto se puede mejorar, pero no se puede retroceder”, aseveró Paz ante los representantes ediles, frente a las solicitudes de distintos ámbitos productivos para revertir las recientes condiciones impuestas al carburante subsidiado.
La postura oficial se expone ante la inquietud de transportistas, sectores productivos e instituciones por el efecto de la tarifa en sus operaciones. El reclamo reactivó la discusión respecto al estado del erario nacional y la urgencia de aliviar la carga económica que involucra el subsidio a los hidrocarburos.
El Ejecutivo ratifica el fin financiero
Paz aclaró que, si bien hay margen para introducir enmiendas, el Gobierno no evalúa retornar al régimen anterior. Afirmó que cualquier cambio debe perseguir una mejor ejecución sin desatender la meta económica de origen.
El jefe de Estado vinculó la decisión con las limitaciones presupuestarias que afronta la administración pública en sus distintos niveles para encarar sus compromisos cotidianos.
Para graficar la situación, expuso ante los alcaldes un caso en el que el Estado capta Bs 1.000 y requiere desembolsar Bs 1.500, brecha que fuerza a recurrir al endeudamiento o a captar ingresos extra.
A partir de este escenario, justificó la necesidad de dirigir los fondos fiscales con rigor y no evaluar las medidas únicamente bajo un cálculo de corto plazo.
De acuerdo con Paz, el debate del diésel debe sopesar igualmente los recursos requeridos por municipios y gobernaciones para asegurar servicios básicos a la población.
Hospitales, escuelas y caminos como prioridades
El mandatario advirtió que incrementar el gasto en la subvención al combustible comprometería el financiamiento de otros sectores de interés público.
Puso como ejemplos a los centros de salud, las escuelas y las carreteras, áreas que demandan recursos del nivel central y subnacional para mantener su cobertura.
Por ello, propuso a las autoridades municipales definir conjuntamente el destino del dinero disponible a la luz de los límites fiscales actuales.
La intención radica en debatir las prioridades de asignación en una coyuntura en la que el aparato estatal opera con dificultades económicas.
De esta manera, el tema de los hidrocarburos forma parte de una discusión mayor vinculada a la sostenibilidad fiscal. Desde el Ejecutivo se subraya que sostener erogaciones desalineadas con los ingresos incrementa la dependencia de deuda o de financiamiento extraordinario.
En este marco, Paz abogó por transparentar la situación financiera e instó a las autoridades locales a proceder con cifras fidedignas.
Llamado a asumir el momento económico
En la cita con la FAM, el Presidente adelantó que los entes públicos transitarán un ciclo complejo. El mensaje se enfocó en los gobiernos municipales, a quienes exhortó a comprender la gravedad del momento y a coordinar soluciones.
Paz recalcó que el contexto financiero de Bolivia no debe enmascararse y abogó por abordar los problemas de forma directa.
“Así de complicado y así de frente, compañeros, se lo quiero decir de frente”, subrayó ante el auditorio.
La postura gubernamental refleja la decisión de preservar el fondo de la norma y, al mismo tiempo, considerar eventuales precisiones técnicas.
El criterio del mandatario descarta la derogación, dejando abierta únicamente la vía de ajustes en caso de requerirse enmiendas operativas.
Persiste el impacto por el valor del diésel
La confirmación de la vigencia del decreto coincide con la preocupación de distintos sectores ante los nuevos requisitos para conseguir diésel con subvención y el eventual impacto en sus costos de operación.
El insumo resulta determinante para la maquinaria y el parque automotor del transporte y la producción, por lo que las variaciones de acceso y tarifas inciden de forma directa en las actividades económicas.
Frente a este escenario, la posibilidad de perfeccionar el texto normativo apunta a ser uno de los ejes de diálogo entre el Ejecutivo y los rubros movilizados.
Pese a ello, Paz reiteró que una eventual revisión no restaurará el mecanismo previo, con el fin de evitar un incremento en las presiones fiscales.
Corresponderá ahora a los ministerios evaluar los artículos que admiten ajustes sin distorsionar el espíritu de la disposición.
Entre tanto, las alcaldías y otras instituciones lidian con presupuestos acotados mientras deben sostener la atención en infraestructura y servicios esenciales.
El debate rebasa el valor del diésel y compromete la administración general de los fondos públicos ante obligaciones impostergables. Paz insistió en actuar según la disponibilidad real de ingresos, ratificando que el decreto se mantiene en pie pero sujeto a posibles mejoras.