Tras una investigación coordinada de aproximadamente 18 meses, autoridades chilenas lograron desarticular una red criminal binacional autodenominada «Familia Quirquincho». La organización delictiva operaba seleccionando motorizados en territorio chileno para ofrecerlos a compradores en Bolivia mediante fotografías enviadas por WhatsApp, ejecutando la sustracción únicamente tras concretar la venta y trasladándolos después por pasos fronterizos clandestinos. Las intervenciones dejaron un saldo de 28 personas detenidas.
Las pesquisas fueron lideradas por la Fiscalía de Tarapacá y Carabineros de Chile, instituciones que establecieron los roles específicos de los involucrados en cada etapa del ilícito, abarcando desde la captación del vehículo hasta su entrega en el país vecino.
La fiscal regional de Tarapacá, Virginia Aravena, detalló que los miembros del grupo ubicaban automóviles estacionados en la vía pública y remitían las imágenes a sus contactos en Bolivia. Con base en ese catálogo improvisado, los interesados escogían la unidad y definían el monto de la transacción. Con el trato cerrado, los encargados del robo empleaban dispositivos electrónicos avanzados para consumar la sustracción de los vehículos.
Los antecedentes oficiales señalan que los cobros no siempre se realizaban en efectivo en moneda estadounidense, sino que también contemplaban intercambios por sustancias controladas y armamento, derivando en indagaciones sobre otros delitos conexos.
La estructura criminal presentaba una estricta división del trabajo: contemplaba financistas, ejecutores materiales de los robos y conductores encargados de llevar los rodados hasta la frontera con Bolivia mediante caminos no habilitados para evadir los controles policiales.
Asimismo, las investigaciones descubrieron que parte de las coordinaciones se gestionaba desde recintos carcelarios por presuntos financistas privados de libertad. De igual forma, se verificó la presencia de menores de edad en las labores de sustracción directa y la participación de mujeres en el traslado de los coches hacia la zona limítrofe.
El despliegue contó con la movilización de cerca de 400 uniformados en 44 inmuebles localizados en Santiago, Iquique, Alto Hospicio y Pozo Almonte. Paralelamente, personal de Gendarmería de Chile ejecutó requisas en seis celdas de penales situados en Arica, Alto Hospicio y La Serena, donde se incautaron documentos y teléfonos móviles que podrían aportar información relevante sobre la estructura delictiva.
Entre los pertrechos incautados llamó la atención el uso de tecnología para neutralizar los sistemas de seguridad de los coches: escáneres automotrices, programadores de llaves, un artefacto para vulnerar sistemas de inmovilización, ocho radios de comunicación, 37 llaves electrónicas configurables y más de una veintena de teléfonos celulares que serán peritados.
EL OPERATIVO TAMBIÉN DESTAPÓ POSIBLES DELITOS DE ARMAS Y DROGAS
En el transcurso de los allanamientos, las fuerzas policiales decomisaron un revólver, dos pistolas y cerca de 800 municiones de diversos calibres, además de dinero en efectivo y más de dos kilos de sustancias controladas, incluyendo ketamina, marihuana y cocaína.
Todo el material secuestrado será evaluado para comprobar presuntos nexos con redes de narcotráfico y tráfico de armamento. Según la Fiscalía de Tarapacá, los hallazgos podrían permitir identificar nuevas conexiones y delimitar el alcance real de los ilícitos cometidos entre ambos países.
El caso «Familia Quirquincho» visibilizó un esquema delictivo que empleaba aplicaciones de mensajería para pactar la venta de vehículos antes de consumar los robos, consolidando una cadena que culminaba con el ingreso clandestino de los coches a Bolivia. (Erbol)
