El exministro de Defensa Edmundo Novillo fue aprehendido este jueves 29 de octubre, tras presentarse ante la Fiscalía Departamental de La Paz para prestar su declaración informativa en el marco de las investigaciones por presuntas irregularidades en la compra de radares franceses. La causa, promovida por una denuncia del actual ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, indaga responsabilidades por un posible perjuicio económico al Estado superior a los Bs 1.478 millones.
La indagación está vinculada al Sistema Integrado de Defensa Aérea y Control de Tráfico Aéreo (Sidacta), proyecto orientado al control y vigilancia del espacio aéreo nacional a través de 13 radares de fabricación francesa. Dicha operación permanece bajo la lupa judicial debido a posibles anomalías administrativas y económicas que habrían comprometido recursos públicos.
Conforme a los antecedentes del proceso, Novillo compareció en calidad de sindicado y, una vez concluida su declaración ante los investigadores, se dispuso su aprehensión. El Ministerio Público investiga presuntos delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica, buscando esclarecer el grado de participación de exautoridades en las determinaciones asumidas en torno al proyecto.
La denuncia incluye además a otros exministros de Defensa de administraciones pasadas. Entre las personas investigadas se encuentran Reymi Ferreira, Javier Zavaleta y Fernando López, cuyas gestiones forman parte de las revisiones dentro de las pesquisas.
Las autoridades procuran reconstruir las fases de contratación, ejecución y desarrollo del Sidacta, con el fin de detectar las decisiones que pudieron derivar en el presunto daño económico. La labor investigativa se enfoca en determinar si existieron responsabilidades individuales y en precisar el contexto de la adquisición de los equipos.
De esta forma, el caso radares reactiva las indagaciones sobre contrataciones del sistema de defensa aérea boliviano, en tanto el Ministerio Público continúa acumulando documentación y elementos probatorios para esclarecer el posible perjuicio económico y resolver la situación jurídica de los exfuncionarios involucrados.
