A través del Decreto Supremo 5755, el Gobierno nacional autorizó de forma excepcional a empresas y personas naturales o jurídicas la importación de gas natural y gas natural licuado (GNL), con el propósito exclusivo de atender sus requerimientos energéticos directos o generar electricidad. La disposición fija parámetros específicos orientados a que los usuarios autorizados gestionen su propio abastecimiento bajo condiciones técnicas, administrativas y de seguridad.
La normativa plantea una alternativa para aquellos consumidores que requieren este insumo para sus operaciones o para mantener sus sistemas de generación eléctrica. No obstante, la medida no faculta a los importadores a comercializar el hidrocarburo, puesto que el combustible debe confinarse únicamente al consumo propio, bajo las restricciones contempladas en el decreto.
Uno de los aspectos centrales de la norma radica en la prohibición explícita de comercializar, revender o transferir el gas importado a terceros. Con este límite, se busca evitar que las autorizaciones tramitadas para el abastecimiento privado se empleen en fines comerciales ajenos a la disposición.
Por consiguiente, los solicitantes deberán acreditar ante las instancias correspondientes que el carburante cubrirá sus necesidades particulares. La autorización no implica una apertura general para operar en el mercado de comercialización de hidrocarburos, sino un mecanismo excepcional enfocado en el consumo directo.
El Decreto Supremo 5755 también fija mecanismos de fiscalización. Quienes accedan a esta alternativa tendrán que reportar al ente regulador los volúmenes previstos a importar, las especificaciones de calidad del producto y el precio pactado de compra. Dicha información servirá para monitorear las condiciones de adquisición y verificar el desarrollo de las operaciones.
La entrega de estos datos forma parte de las condiciones obligatorias para conservar las autorizaciones vigentes, permitiendo a las autoridades estatales fiscalizar volúmenes, calidades y costos de abastecimiento.
Respecto a la fase operativa, el Ministerio de Hidrocarburos cuenta con un plazo de hasta 20 días hábiles, a partir de la publicación de la norma, para aprobar la reglamentación respectiva. Este documento definirá los pasos administrativos y los requisitos que deberán cumplir los interesados para realizar las compras externas.
Entretanto, las operaciones deberán adecuarse a los criterios técnicos y de seguridad correspondientes a cada modalidad de suministro. Para el gas transportado por gasoductos o redes de distribución, regirán las normas en vigor para dicha infraestructura.
En el caso del gas natural licuado, su ingreso y manejo tendrán que someterse a las exigencias operativas y de seguridad que demanda este formato, además de los acuerdos suscritos con los proveedores del combustible.
De esta manera, el marco normativo viabiliza dos modalidades de importación bajo supervisión estatal, condicionadas a la prohibición estricta de reventa y a la aprobación del reglamento ministerial complementario.
