Representantes de las cámaras nacionales de Comercio, Industrias y Exportadores presentaron al Gobierno una propuesta legal orientada a establecer garantías para resguardar la propiedad privada, atraer capitales y generar previsibilidad en las actividades productivas de Bolivia. Entre sus puntos centrales, el proyecto plantea que el Estado deba cancelar una indemnización de forma previa a la toma de posesión de cualquier bien expropiado y que dicha medida quede anulada si el desembolso no se realiza en un plazo de 120 días.
El documento, denominado Ley de Promoción y Protección de las Inversiones, fue articulado de manera conjunta por las tres entidades con el fin de definir reglas aplicables tanto a capitales nacionales como extranjeros. Los dirigentes consideran que contar con trámites claros, plazos determinados y garantías respecto a los recursos puede favorecer el desarrollo de nuevos emprendimientos y la expansión de firmas en el país.
Durante la presentación de la iniciativa, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), Eduardo Olivo, detalló que el texto fija requisitos específicos para los procesos de expropiación. De acuerdo con el planteamiento, estas acciones solo podrían ejecutarse mediante una ley que determine la utilidad pública del bien, bajo el respeto al debido proceso y tras efectivizarse el pago de la compensación correspondiente.
Uno de los ejes consiste en delimitar un límite de tiempo para cumplir con la indemnización. Si la administración estatal no concreta el pago dentro de los 120 días señalados, el proceso expropiatorio quedaría sin efecto, según indicó Olivo, con el objetivo de evitar que los dueños pierdan sus propiedades sin percibir la retribución económica correspondiente.
Desde el sector empresarial afirman que estas medidas permitirían reducir la incertidumbre jurídica e infundir mayor confianza a los inversionistas privados, en el marco de una serie de propuestas dirigidas a ordenar la relación económica entre el Estado y los particulares.
El panorama de la inversión extranjera
Al fundamentar el proyecto, Olivo expuso datos acerca de la inversión extranjera registrada en Bolivia durante el año previo. Conforme a las cifras citadas por el dirigente de la CNC, ingresaron 620 millones de dólares, aunque gran parte de dicho monto correspondió a recursos generados por empresas ya establecidas en el territorio nacional.
El titular de la CNC precisó que tres de cada cuatro dólares respondieron a utilidades de compañías ya asentadas que fueron reinvertidas en sus propias operaciones, mientras que solo dos de cada 100 dólares correspondieron a nuevas inversiones.
Para el empresariado, estos registros evidencian la complejidad para captar nuevos capitales. Ante ese escenario, argumentan que se deben generar condiciones para que los inversionistas conozcan de antemano los riesgos y exigencias de sus operaciones.
La propuesta normativa también incluye mecanismos para autorizar la transferencia de utilidades al exterior, siempre que las empresas hayan saldado previamente sus obligaciones legales y económicas en el país. Asimismo, incorpora el principio de trato igualitario entre inversionistas locales y extranjeros, otorgándoles similares derechos y responsabilidades.
Los promotores sostienen que estas directrices podrían coadyuvar a un ambiente más propicio para la apertura de nuevas unidades productivas, la ampliación de fábricas y el aumento de la producción y las exportaciones.
Simplificación de trámites e incentivos fiscales
Otra área de la iniciativa contempla la reducción de la burocracia administrativa mediante la creación de un portal único que difunda los requisitos, tiempos y costos de los trámites necesarios para invertir.
Dicha herramienta apunta a que personas naturales y jurídicas consulten información oficial antes de emprender. Los gremios señalan que la transparencia documental evitaría variaciones imprevistas en los requerimientos y permitiría una mejor programación de las inversiones.
Adicionalmente, el documento propone beneficios impositivos para la compra de maquinaria y equipos nuevos orientados a la producción, contemplando su importación liberada de aranceles y del Impuesto al Valor Agregado (IVA).
En el caso de las adquisiciones concretadas en el mercado interno, el borrador sugiere la restitución del IVA en un lapso de 30 días. Olivo detalló que este incentivo no exigiría un monto mínimo de inversión, lo que facilitaría su aplicación a firmas de distinta escala.
El presidente de la CNC subrayó que la meta es favorecer la tecnificación y aminorar los costos de adquisición de equipamiento, alcanzando tanto a industrias de gran tamaño como a talleres pequeños que busquen incorporar maquinaria inicial.
Los líderes empresariales consideran que abaratar estos bienes favorecería el arranque de actividades económicas y la modernización productiva, aunque remarcan que el paquete deberá ser tratado por las instancias técnicas y legislativas del Estado.
Piden celeridad legislativa
Olivo mencionó que en el diseño de la norma intervinieron juristas, técnicos y asambleístas de diversos frentes políticos. Asimismo, especificó que el borrador consta de menos de 14 artículos y que, a criterio de los proponentes, su vigencia no requeriría modificar la Constitución Política del Estado.
La propuesta no contempla apartados específicos para minería ni hidrocarburos, motivo por el cual el sector espera que la discusión avance sin trabas.
Por su parte, el titular de la Cámara Nacional de Industrias (CNI), Gonzalo Morales, sostuvo que la aprobación de un marco de protección a las inversiones forma parte de las acciones prioritarias para la recuperación económica.
Morales advirtió que la falta de reglas claras y previsibles puede derivar en la fuga de capitales hacia otros destinos. Por este motivo, sugirió que posteriormente se avance en normas sectoriales para áreas como minería, generación eléctrica e hidrocarburos.
El representante industrial sumó a las tareas pendientes la actualización de la Ley General del Trabajo y del Código de Comercio, aspectos que a su entender deben formar parte de una reforma estructural para el aparato productivo.
Exportadores demandan seguridad en las normas
Por su lado, el presidente de la Cámara de Exportadores, Oswaldo Barriga, remarcó la importancia de la estabilidad regulatoria para permitir la planificación financiera y el cumplimiento de acuerdos comerciales en el exterior.
Para emprendimientos de gran envergadura, el proyecto sugiere la firma de contratos de estabilidad jurídica de hasta 15 años de duración, centrados en resguardar condiciones tributarias y cambiarias estables durante el periodo de inversión.
Barriga enfatizó también la relevancia de regular de forma transparente la transferencia de divisas bajo los marcos legales vigentes, elemento clave para la administración de flujos económicos y compromisos de comercio exterior.
Las tres instituciones solicitaron al Ministerio de Economía y al Órgano Ejecutivo canalizar el proyecto de ley hacia la Asamblea Legislativa Plurinacional para su debate formal.
El avance de la propuesta dependerá de la recepción que tenga en las instancias gubernamentales y del correspondiente proceso legislativo. (Erbol)
