La cantidad de estudiantes que interrumpieron su formación escolar en Bolivia subió de aproximadamente 54.000 en 2022 a 60.000 en 2025. El ministro de Educación, Erick Sanjinés, expuso estos registros en el marco del inicio del pago del Bono Juancito Pinto y remarcó la necesidad de profundizar las medidas para asegurar la permanencia de niñas, niños y adolescentes en el sistema educativo.
La autoridad educativa puntualizó que detrás de estos indicadores existen realidades que impiden continuar las clases, sobre todo en hogares con dificultades económicas. En varios casos, la carencia de ingresos empuja a los menores a insertarse en actividades laborales o a asumir cargas familiares, factores que terminan alejándolos de los colegios antes de graduarse.
Sanjinés advirtió que dejar las aulas representa una pérdida de oportunidades y subrayó que los factores sociales o económicos no deben transformarse en barreras para el acceso a la formación escolar. Asimismo, enfatizó la urgencia de atender las complicaciones específicas que enfrentan las niñas y adolescentes en su recorrido escolar, más allá de los progresos obtenidos en cobertura.
Ante este panorama, el Gobierno incrementó el monto del Bono Juancito Pinto de Bs 200 a Bs 300 para este año. El incentivo está enfocado en beneficiar a más de 2,2 millones de alumnos en el territorio nacional, lo que demanda un presupuesto superior a los Bs 690 millones. El ajuste busca apoyar en los gastos de estudio y mitigar el impacto financiero en los hogares.
Este pago se otorga desde 2006 para estimular la asistencia y permanencia en las aulas. No obstante, para el Ministerio de Educación, el reto trasciende el incentivo económico, pues exige detectar las razones de la deserción escolar y generar las condiciones para que los alumnos culminen cada ciclo formativo.
Dentro de las estrategias previstas por el ministerio se incluye el restablecimiento de una cultura de evaluación para medir con exactitud los niveles de aprendizaje. El objetivo consiste en reunir datos certeros que permitan diagnosticar fallas en el sistema y aplicar mejoras en el rendimiento académico.
El plan de trabajo también abarca la desburocratización y simplificación de trámites, la modernización de los procesos pedagógicos y la digitalización del diploma de bachiller, junto al fortalecimiento de la enseñanza y la ampliación de oportunidades educativas.
Sanjinés complementó que estas acciones deben articularse de forma conjunta con profesores, estudiantes y padres de familia a través de mesas de diálogo que identifiquen las demandas de cada comunidad y ofrezcan respuestas contextualizadas.
Pese a la subida del bono y las reformas en agenda para fomentar la permanencia en las aulas, los datos de deserción presentados por el Ministerio de Educación evidencian que el desafío central continúa siendo evitar que los escolares dejen el sistema y garantizar que terminen su preparación escolar con las competencias adecuadas. (El Mundo)
