La Fiscalía Departamental de La Paz emitió una imputación formal en contra del senador Nilton Condori por la presunta comisión de los delitos de instigación pública a delinquir y terrorismo. Como parte de la solicitud procesal, el Ministerio Público requirió seis meses de detención preventiva en el penal de máxima seguridad de Chonchocoro, medida que deberá ser analizada y resuelta por un juez cautelar.
La causa penal comenzó tras una denuncia interpuesta por el diputado Manolo Rojas, quien observó afirmaciones atribuidas a Condori durante un ampliado en el Trópico de Cochabamba. Según los antecedentes de la acusación, en dicho evento el legislador habría convocado a fusilar a ladrones, expresiones que presuntamente iban dirigidas hacia autoridades del Gobierno.
Con base en estos hechos, la Fiscalía determinó abrir la causa y formalizar la imputación, bajo el criterio de que los discursos denunciados podrían superar el margen de la crítica política. Para el Ministerio Público, el tenor de las palabras debe evaluarse en relación con el contexto de su emisión y sus eventuales repercusiones.
Fiscalía sostiene que las declaraciones podrían afectar el orden constitucional
En el memorial de imputación, la comisión de fiscales argumentó que el llamado al fusilamiento no se habría limitado a una postura u opinión política, sino que presuntamente habría operado como una herramienta de presión articulada a una estrategia dirigida a quebrantar el orden constitucional y desplazar a las autoridades gubernamentales a través de vías violentas.
Bajo dicha premisa, la Fiscalía sostiene que las conductas investigadas podrían atentar contra diversos bienes jurídicos tutelados por la norma boliviana, tales como la seguridad, el orden público, la vida, la integridad física y la estabilidad democrática del país.
Estos señalamientos expresan la postura fundamentada por la parte acusadora y tendrán que ser valorados por la autoridad judicial competente. La formalización de la imputación responde a una etapa preparatoria del proceso penal y no constituye una sentencia de culpabilidad contra el investigado.
De este modo, tanto la tipificación provisional de los hechos como las pruebas expuestas por los fiscales serán sopesadas en tribunales junto a la situación procesal de Condori.
Juez deberá definir la situación jurídica del senador
Luego de la presentación del requerimiento conclusivo inicial, el paso siguiente en el procedimiento es la fijación de la audiencia de medidas cautelares. En dicho actuado, el juez de garantías revisará la pertinencia del pedido de reclusión preventiva formulado por la Fiscalía y definirá la situación jurídica del legislador de acuerdo con los elementos presentados.
El Ministerio Público solicita que el legislador cumpla seis meses de reclusión cautelar en el recinto penitenciario de Chonchocoro, en el municipio paceño de Viacha. No obstante, la viabilidad de este pedido recae de forma exclusiva en la decisión de la autoridad judicial.
Hasta el desarrollo de la respectiva audiencia, el legislador permanece bajo custodia en dependencias policiales, según se detalla en el reporte del caso.
Las indagaciones siguen enfocadas en los discursos que motivaron la denuncia y el alcance legal que el Ministerio Público les atribuye en relación con los delitos imputados. El acto cautelar resultará clave para establecer si se aplica la detención preventiva solicitada y los términos bajo los cuales proseguirá el caso penal. (Erbol)
