El gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, promulgó la Ley de la Defensoría Departamental de las Cruceñas y los Cruceños, normativa orientada a instituir una entidad propia para la representación y resguardo de los intereses de la ciudadanía regional. Durante el acto oficial, la autoridad enfatizó la relevancia de la autonomía departamental y afirmó que su consolidación demanda instancias capaces de atender las exigencias de la población.
La ceremonia de promulgación contó con la asistencia de delegados de la Asamblea Legislativa Departamental (ALD), del Comité pro Santa Cruz y de diversos sectores sociales. La administración departamental expuso este acontecimiento como un paso adelante en su agenda autonómica.
En su alocución, Velasco respaldó el establecimiento de este organismo y garantizó que su labor se enfocará en las necesidades locales. Asimismo, puntualizó que la entidad no busca reemplazar ni duplicar las tareas de la Defensoría del Pueblo de rango nacional, sino constituir una instancia abocada a problemáticas del departamento.
“Va a ser lo que la gente necesita y no se va a superponer con la Defensoría del Pueblo Nacional”, afirmó la autoridad departamental al detallar el propósito del nuevo ente. En su intervención, también recurrió a la frase “la libertad no se mendiga” para reivindicar el fortalecimiento de las instituciones regionales y la autonomía.
Velasco argumentó que el proceso autonómico trasciende la mera administración de recursos públicos y debe plasmarse en instituciones que resguarden los intereses de la región. Bajo esa premisa, señaló que la Defensoría Departamental podría asumir la representación de ciudadanos e intervenir en procesos judiciales, abarcando a quienes consideren que sus derechos han sido vulnerados.
Respaldo desde la Asamblea Legislativa Departamental
Por su parte, la presidenta de la ALD, María René Álvarez, ponderó la promulgación de la norma y remarcó que se alinea con la trayectoria cruceña en procura de mayores competencias autonómicas. Añadió que la configuración de entidades propias es parte de la tarea legislativa orientada a atender las particularidades y demandas de los habitantes.
En tanto, la asambleísta Natasha Castedo, proyectista del texto legislativo, resaltó el alcance de la propuesta y explicó que guarda relación directa con el Estatuto Autonómico de Santa Cruz y con el mandato que los impulsores señalan que emanó de un cabildo departamental.
Miembros del Comité pro Santa Cruz y representantes de otras organizaciones presentes apoyaron la agenda autonómica y coincidieron en que la entidad deberá velar por los derechos ciudadanos, la equidad y el bienestar de los hogares en el departamento.
Implementación y competencias
Tras la firma de la ley, el Ejecutivo departamental apunta a estructurar la institución para asumir la defensa de la población y el resguardo de intereses regionales. Velasco subrayó que la autonomía requiere de canales formales para materializarse.
No obstante, la concreción de sus atribuciones específicas, su estructura interna y la coordinación con entidades nacionales resultarán elementos clave para su puesta en marcha práctica. La medida reabre el debate en torno a los límites y facultades de las autonomías en Bolivia y en el departamento.
Luego de este paso formal, el reto inmediato reside en la reglamentación y en la generación de condiciones operativas para su funcionamiento, el cual deberá enmarcarse en la legislación vigente y en las competencias asignadas al nivel subnacional.
