El Gobierno boliviano inició gestiones de cooperación con otros países de la región para encarar el caso del expresidente Evo Morales, informó el ministro de la Presidencia, Fernando Aramayo. De acuerdo con la autoridad, la determinación se fundamenta en los vínculos que se atribuyen al exmandatario con organizaciones y estructuras internacionales.
Aramayo puntualizó que el plan de acción no quedará circunscrito al plano interno frente a lo que considera una dimensión transnacional ligada a Morales. Si bien indicó que se avanza en mecanismos de coordinación regional, evitó precisar qué naciones, instituciones u organismos participarán de la medida o qué acciones puntuales se ejecutarán.
“Se está activando un trabajo y una colaboración a nivel regional”, afirmó el ministro durante una entrevista con ERBOL, al ser consultado sobre la posibilidad de que Bolivia reciba apoyo externo para abordar la situación judicial del exmandatario.
Según Aramayo, esta articulación contempla las al menos dos órdenes de aprehensión que pesan contra Morales y las causas abiertas en los tribunales del país. El expresidente continúa en el Trópico de Cochabamba con el resguardo de sus simpatizantes, mientras las autoridades afirman que buscan dar curso a las disposiciones de la justicia.
El factor de las protestas y bloqueos
Uno de los motivos citados por Aramayo alude a los 53 días de bloqueo que paralizaron sectores del país. El ministro sostuvo que en ese lapso habrían operado mecanismos de desinformación internacional asociados presuntamente a la estructura política de Morales, lo que amerita una respuesta estatal conectada con otros Estados.
La autoridad también mencionó la intervención de Morales en espacios externos y refirió sus lazos históricos con la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA).
“Él es parte de una arquitectura internacional, organizaciones transnacionales”, afirmó el ministro, argumentando que la respuesta gubernamental debe desarrollarse también en ese ámbito.
Pese al anuncio, las autoridades aún no han detallado los organismos extranjeros contactados ni si el plan abarca intercambio de datos de inteligencia, asistencia investigativa o coordinación policial.
Aramayo asegura que se respetará la soberanía
El titular de la Presidencia recalcó que cualquier trabajo conjunto con la comunidad internacional deberá regirse bajo las leyes bolivianas y sin vulnerar la soberanía nacional.
El señalamiento responde a la coyuntura jurídica y política que envuelve al líder cocalero, escenario en el que una eventual acción con autoridades de otros países requiere canales formales entre Estados. Aramayo reiteró que la naturaleza transnacional que adjudica a estas redes hace imprescindible la vía internacional, aunque los pormenores operativos se mantienen en reserva.
Críticas a la gestión y liderazgo de Morales
En el diálogo con el medio citado, Aramayo emitió cuestionamientos políticos contra el exjefe de Estado. Sostuvo que Morales habría incumplido las expectativas generadas en los años de bonanza económica, al considerar que los recursos fiscales no se reflejaron de forma adecuada en salud, educación, infraestructura y empleo para los jóvenes.
Dichas afirmaciones corresponden a la postura política del Ejecutivo y no a determinaciones judiciales. Asimismo, el ministro le reprochó su rol exterior, formuló acusaciones sobre presuntos nexos o permisividad con el “narcoterrorismo” y responsabilizó a su gestión de daños ambientales por la quema de millones de hectáreas.
Aramayo también cuestionó la manera en que Morales ejerció el poder tanto en el Gobierno como en su condición de dirigente, atribuyéndole prácticas de concentración y control sobre sus bases, además de citar acusaciones de orden personal y judicial por las que —afirmó— debe responder ante la justicia.
Causas pendientes
La situación jurídica del expresidente representa el eje central de este anuncio. Reportes periodísticos señalan que Morales afronta al menos dos mandamientos de aprehensión y procesamientos vinculados a denuncias de trata y tráfico, así como investigaciones por las medidas de presión de 53 días.
Uno de los procesos conexos a los bloqueos comprende cargos por terrorismo, alzamiento armado contra la seguridad y soberanía del Estado, asociación delictuosa e instigación pública a delinquir. Morales permanece en la región del Trópico cochabambino con el resguardo de sectores afines, por lo que el cumplimiento de los requerimientos judiciales se mantiene pendiente.