La Cámara de Diputados aprobó este jueves el proyecto de ley que da curso a un financiamiento de aproximadamente $us 1.900 millones del Fondo Monetario Internacional (FMI), remitiendo el documento a la Cámara de Senadores para su respectiva revisión legislativa.
La determinación del pleno se dio tras el visto bueno previo en la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas. En el plenario, la iniciativa cosechó el respaldo de más de dos tercios de los votos, logrando su aprobación tanto en grande como en detalle.
El monto equivale a 1.369 millones de Derechos Especiales de Giro (DEG), cifra cercana a los $us 1.900 millones. Dichos fondos se enmarcan en el acuerdo convenido entre Bolivia y la entidad multilateral bajo el Servicio Ampliado del Fondo (SAF).
En el transcurso del debate parlamentario, el ministro de Economía, Christian Morales, detalló los alcances del convenio y afirmó que estos recursos aportarán a robustecer las Reservas Internacionales Netas, además de respaldar la estabilización económica del país.
La propuesta legislativa también incluye disposiciones asociadas a la disminución del déficit primario y a la implementación de un régimen de tipo de cambio flexible, junto con términos que permitirían gestionar posteriores fuentes de crédito externo.
Previamente, en la Comisión de Planificación, el proyecto salió adelante con siete votos a favor y cinco en contra tras un prolongado análisis. En ese espacio, legisladores hicieron notar observaciones ligadas a la documentación del pacto, las condiciones financieras y los esquemas para supervisar el uso de los fondos.
En esa línea, se abordaron alternativas de fiscalización y seguimiento sobre el destino del crédito, entre ellas la entrega periódica de informes por parte del Ministerio de Economía ante la comisión legislativa correspondiente.
El texto normativo fija las condiciones de la modalidad SAF. Conforme a los datos oficiales de la Cámara Baja, los desembolsos pueden extenderse por un lapso de hasta 36 meses, mientras que el periodo de amortización iniciaría al cabo de cuatro años y seis meses.
Tras superar la instancia de origen en Diputados, el proyecto fue remitido a la Cámara de Senadores para proseguir con el trámite constitucional de rigor.
La sanción en la Cámara Baja se registra en un contexto donde el Órgano Ejecutivo apunta a captar divisas para reforzar las reservas y sostener su plan de reformas. Desde el Gobierno señalan que el entendimiento con el FMI puede además abrir la puerta a otros financiamientos multilaterales.
El proceso legislativo aún debe completarse en la Cámara Alta, instancia que revisará el articulado antes de definir los pasos a seguir.