Bolivia forma parte de una nueva iniciativa de cooperación regional denominada “Escudo de las Américas”, mediante la cual 15 gobiernos del continente acordaron coordinar acciones frente a 24 organizaciones identificadas en la declaración conjunta como grupos narcoterroristas. El acuerdo contempla medidas de carácter financiero, migratorio, penal y de intercambio de información, cuya aplicación deberá ajustarse a las leyes de cada país.
La declaración fue suscrita por Estados Unidos, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú y Trinidad y Tobago. Los gobiernos participantes plantearon fortalecer la cooperación mediante tres áreas principales: economía, seguridad y coordinación multilateral.
Uno de los primeros pasos anunciados dentro de esta iniciativa está dirigido contra un listado de 24 organizaciones con presencia o actividad señalada en distintos países de la región. Entre ellas aparecen estructuras criminales de México, Centroamérica, Sudamérica y el Caribe, además de grupos armados y organizaciones vinculadas con actividades delictivas transnacionales.
PCC y Comando Vermelho están incluidos
Entre las organizaciones contempladas en la declaración se encuentran el Primeiro Comando da Capital (PCC) y el Comando Vermelho, dos grupos originarios de Brasil que también han sido mencionados por autoridades bolivianas en investigaciones y reportes relacionados con redes criminales y hechos violentos.
La inclusión de ambas estructuras tiene particular relevancia para Bolivia debido a las advertencias sobre su posible presencia y actividad en territorio nacional. Reportes recientes han relacionado a estos grupos con disputas vinculadas al narcotráfico y otras actividades ilícitas en la región.
Sin embargo, el acuerdo regional no se limita a estas dos organizaciones. La lista incluye estructuras que operan o han sido identificadas en diferentes países del continente, por lo que la cooperación propuesta busca facilitar una respuesta coordinada frente a redes cuya actividad puede extenderse más allá de las fronteras nacionales.
¿Qué medidas contempla el acuerdo?
La declaración establece que los países participantes expresan su intención de aplicar, de acuerdo con sus respectivas normas nacionales e internacionales, diferentes medidas contra las organizaciones incluidas en el listado.
Entre las acciones mencionadas se encuentran el congelamiento de activos y recursos vinculados a estos grupos, además de restricciones migratorias y de visado para integrantes, asociados y simpatizantes. También se contempla la posibilidad de establecer responsabilidades penales contra personas que, teniendo conocimiento de sus actividades, proporcionen apoyo material o logístico a estas organizaciones.
Las medidas no implican una aplicación idéntica y automática en los 15 países. Cada Estado deberá determinar las acciones que correspondan dentro de su propio marco jurídico y considerando sus obligaciones internacionales.
El acuerdo también plantea reforzar la cooperación en materia de seguridad. Para ello, los gobiernos prevén ampliar el intercambio de información de inteligencia, compartir experiencias y facilitar, cuando corresponda, el acceso a determinadas tecnologías y capacidades destinadas a fortalecer las labores de seguridad.
A esto se suma la capacitación y formación de funcionarios, así como el intercambio de prácticas entre las instituciones encargadas de enfrentar a las organizaciones criminales.
Una cooperación que abarca seguridad y economía
El “Escudo de las Américas” no se limita a la lucha contra organizaciones criminales. La declaración contempla una estructura de cooperación basada en tres pilares: economía, seguridad y coordinación multilateral.
En el ámbito económico, los gobiernos plantean profundizar la cooperación y trabajar en mecanismos relacionados con inversiones, cadenas de suministro estratégicas y otros asuntos considerados relevantes para la seguridad económica del hemisferio.
En materia multilateral, los países participantes también buscan coordinar posiciones y consultas en organismos regionales e internacionales.
La declaración contempla además la intención de solicitar al Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) una reunión de consulta para analizar acciones colectivas dentro del marco del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), conocido también como Tratado de Río.
Las 24 organizaciones incluidas
El listado difundido en el marco del acuerdo comprende organizaciones criminales y grupos armados identificados en diferentes partes del continente.
Entre ellos figuran Mara Salvatrucha (MS-13), Tren de Aragua, Cárteles Unidos, Cártel del Golfo, La Nueva Familia Michoacana, Cártel del Noreste, Cártel Jalisco Nueva Generación, Cártel de Sinaloa, Gran Grif, Viv Ansanm, Los Lobos y Los Choneros.
También aparecen Barrio 18, Cártel de Los Soles, Clan del Golfo, Primeiro Comando da Capital, Comando Vermelho, Chone Killers, Los Viagras, Cártel de Juárez o La Línea, grupos disidentes de las FARC, el ELN, Sendero Luminoso y Los Tiguerones.
La declaración señala que la denominación de estas organizaciones puede variar de acuerdo con el país, pero establece un listado común sobre el cual los Estados participantes pretenden coordinar acciones.
Bolivia dentro de la nueva estrategia regional
Para Bolivia, la participación en este mecanismo incorpora al país a un esquema regional de intercambio de información y cooperación en seguridad. El acuerdo cobra especial importancia por la inclusión del PCC y Comando Vermelho, organizaciones brasileñas que han sido mencionadas en reportes sobre estructuras criminales con actividad transnacional.
La iniciativa plantea que los países compartan información y capacidades para mejorar la respuesta frente a organizaciones que operan en más de un territorio. Esto incluye cooperación entre instituciones, capacitación de funcionarios y coordinación en materia de inteligencia.
Las acciones anunciadas deberán desarrollarse bajo las normas vigentes en cada Estado. Por ello, aunque la declaración establece una línea común de cooperación, la implementación de sanciones, restricciones o medidas penales dependerá de los procedimientos jurídicos correspondientes en cada país.
Con este acuerdo, Bolivia y los otros gobiernos participantes establecen una agenda común en materia de seguridad, economía y coordinación internacional, mientras el “Escudo de las Américas” inicia su primera acción conjunta dirigida contra las 24 organizaciones incluidas en la declaración.