La administración de Donald Trump incorporó nuevamente a Bolivia en la lista estadounidense de naciones consideradas relevantes para la producción o tránsito de sustancias ilícitas. En su reporte, Washington advirtió que la corrupción sigue representando un obstáculo para las investigaciones contra el narcotráfico, aunque reconoció la etapa de cooperación iniciada con el Gobierno de Rodrigo Paz y dejó abierta la opción de revisar la calificación del país si se reportan progresos en el siguiente año.
El informe anual, conocido como “Major’s List” y remitido por el presidente Donald Trump al Congreso para el año fiscal 2027, abarca a 23 países. En ese grupo, Bolivia, Colombia, Birmania y Afganistán fueron identificados por no haber acreditado, a lo largo del periodo analizado, esfuerzos sustanciales suficientes con el fin de cumplir sus compromisos internacionales en materia de lucha antinarcóticos.
No obstante, el dictamen estadounidense introduce matices frente al escenario boliviano. Si bien señala que la administración de Rodrigo Paz aún no dispuso del tiempo necesario para exhibir resultados significativos en la disminución de plantíos de coca, valora el nuevo momento bilateral. De forma paralela, el informe difundido por Washington subraya que la corrupción persiste como un elemento que perjudica la capacidad institucional local para indagar actividades ligadas al tráfico de drogas.
Bajo la observación de Washington
El marco normativo de Estados Unidos aclara que formar parte de la “Major’s List” obedece muchas veces a factores geográficos, comerciales y económicos que alientan la producción o el tránsito, independientemente de los controles gubernamentales. Sin embargo, en la determinación hacia 2027, la Casa Blanca sostuvo que Bolivia, junto a Afganistán, Birmania y Colombia, no cumplió de forma demostrable con ciertas obligaciones internacionales durante los 12 meses evaluados.
Bajo la premisa de que las tendencias previas sobre cultivos de coca requieren mayor tiempo para revertirse, Washington proyecta el próximo año como una etapa clave para comprobar resultados concretos, especialmente en la baja de la producción ilícita, aspecto que incidirá en si se conserva o modifica el estatus boliviano.
Acercamiento bilateral y exención de ayuda
Pese a los reparos, la Casa Blanca ponderó el giro en el vínculo bilateral tras la asunción de Rodrigo Paz. Desde la óptica estadounidense, se evidencia una superior coordinación en seguridad, la reactivación del trabajo policial conjunto y hechos concretos como la extradición a Estados Unidos del ciudadano uruguayo Sebastián Marset, acontecimiento que reflejó el nivel de articulación entre ambos Estados.
Asimismo, el presidente Trump emitió una exención presidencial que garantiza la continuidad de la asistencia financiera y técnica hacia Bolivia, impidiendo que la inclusión en la nómina derive de manera automática en el corte de fondos. Esta prerrogativa se aplica por motivos de interés nacional y cobra fuerza a raíz del canal de diálogo abierto entre Washington y La Paz.
El factor de la corrupción
El cuestionamiento hacia las trabas institucionales provocadas por la corrupción sitúa a los organismos de interdicción y judiciales frente a una exigencia explícita: Estados Unidos no solo medirá las tareas de erradicación o decomiso, sino también la solvencia institucional para desarticular y procesar penalmente las redes criminales.
Así, los avances en la lucha contra la corrupción, la reducción de cultivos y las investigaciones operativas serán los parámetros determinantes que la administración estadounidense revisará en los próximos meses para evaluar el futuro de Bolivia en su clasificación anual. (Erbol)