El desvío ilegal de Gas Licuado de Petróleo (GLP) con destino a Perú se ha consolidado como una de las principales amenazas para el abastecimiento interno en Bolivia. El exministro de Hidrocarburos Mauricio Medinaceli advirtió que la notable disparidad de precios entre ambos países incentiva la salida irregular del carburante subvencionado, el cual termina comercializándose en el mercado peruano.
La alerta surge en un escenario marcado por la disminución en la producción boliviana de gas natural y sus derivados. Frente a esta contracción, el país podría enfrentar dificultades crecientes para satisfacer la demanda de las familias y eventualmente verse forzado a adquirir el producto fuera de sus fronteras.
De acuerdo con los datos presentados por Medinaceli, el factor económico es determinante en este fenómeno: mientras en Bolivia la garrafa de GLP se comercializa a Bs 22,50, en territorio peruano su costo supera los Bs 100. Esta amplia brecha genera un incentivo económico significativo para grupos que trasladan el producto de forma ilícita, en una dinámica que se ha prolongado a lo largo de varios años.
El especialista puntualizó que el foco prioritario para las autoridades debe situarse en la frontera con Perú y no tanto en los límites con Chile o Brasil. Según explicó, la cercanía geográfica facilita el transporte ilícito y complica las labores de fiscalización, canalizando recursos subvencionados bolivianos hacia el beneficio de consumidores externos.
El panorama energético actual agrava la situación. La obtención de GLP está estrechamente ligada al procesamiento de gas natural, por lo que una menor extracción impacta de manera directa en la oferta del derivado. En ese marco, el presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Sebastián Daroca, abrió previamente la posibilidad de que el país recurra a la importación de GLP desde el próximo año si las condiciones de producción interna no logran abastecer la demanda.
Frente a este escenario, Medinaceli subrayó la urgencia de fortalecer los controles de interdicción en fronteras y sobre la cadena de comercialización, advirtiendo que el contrabando es una actividad que lleva cerca de dos décadas consolidándose y que cuenta con recursos para operar. Asimismo, estimó que el país todavía tendría un margen de unos tres a cuatro años para definir medidas estructurales orientadas a recuperar la producción energética, aunque remarcó que frenar la fuga del combustible requiere acciones inmediatas para evitar presiones sobre las reservas locales.