La noche del miércoles, el fiscal general del Estado, Roger Mariaca, y el fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos, fueron aprehendidos en el Aeropuerto Internacional de Viru Viru, en Santa Cruz, mediante un operativo policial que todavía deja interrogantes sobre sus alcances y fundamentos.
Según los reportes conocidos hasta las primeras horas de este jueves, ambas autoridades fueron interceptadas en la terminal aérea tras arribar desde Sucre. Fuentes policiales confirmaron la ejecución de las aprehensiones, aunque en un inicio no se dieron a conocer de forma oficial los delitos específicos que sustentan la acción ni la instancia judicial que emitió las órdenes.
La intervención se registró dos días después de que la administración de Estados Unidos anunciara restricciones de visa contra Mariaca y Zeballos, además de otros funcionarios y exautoridades bolivianas. En el caso del titular del Ministerio Público, el Departamento de Estado de EE.UU. lo apuntó por presuntos actos de corrupción vinculados al narcotráfico, acusaciones que Mariaca rechazó de manera pública.
Washington afirmó que Mariaca habría solicitado y aceptado sobornos para favorecer actividades de narcotráfico y ayudar a que acusados de crímenes violentos evitaran la acción de la justicia. Estos señalamientos corresponden a la postura oficial estadounidense y no representan una condena judicial en el país.
Zeballos también resultó afectado por las restricciones de visado, aunque sin una acusación individual difundida de forma pública en su contra por parte de las autoridades norteamericanas. Ante ello, el fiscal departamental había solicitado al Gobierno boliviano recabar información oficial en Estados Unidos para conocer las razones y el marco jurídico de la medida.
Intervención policial en la Fiscalía General
De forma simultánea a las capturas en Viru Viru, agentes del Centro Especial de Inteligencia Policial (CEIP) ingresaron a las dependencias de la Fiscalía General del Estado en Sucre, lo que desató reclamos y cuestionamientos por parte de funcionarios de la institución.
A través de una transmisión en canales oficiales del Ministerio Público, trabajadores denunciaron la presencia de efectivos policiales en el inmueble y señalaron que también se habría arrestado a funcionarios. La jefa de Comunicación de la Fiscalía, Claudia Pardo, calificó el procedimiento de ilegal, según el reporte de ABI.
La situación generó tensión institucional en Sucre a la espera de precisiones oficiales sobre las causas de las detenciones y los próximos pasos del proceso penal.
Hasta los primeros informes, no se había esclarecido el paradero definitivo de Mariaca y Zeballos ni si serían trasladados a La Paz. Aunque algunos reportes daban cuenta de un posible traslado desde la capital cruceña, la información requería confirmación de las autoridades correspondientes.
El hecho se suscita en una coyuntura de alta tensión para la Fiscalía General, luego de que Mariaca desestimara versiones sobre presuntos nexos con el narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, oportunidad en la que la institución demandó la presentación de pruebas formales ante cualquier acusación.
Resta que las autoridades aclaren el caso que originó los mandamientos de aprehensión, los presuntos ilícitos investigados y las pruebas del operativo, con el fin de resolver la situación procesal de ambas autoridades judiciales.