El Gobierno nacional informó este jueves que el exfiscal general del Estado, Roger Mariaca, se encuentra bajo investigación por su presunta implicación en una red delictiva que, conforme a la acusación oficial, habría funcionado desde el Ministerio Público para favorecer acciones relacionadas con el narcotráfico.
El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, aseveró que los operativos coordinados entre la noche del miércoles y la madrugada del jueves permitieron desarticular una estructura que, según la postura del Ejecutivo, operaba en instancias vinculadas a la administración de justicia. El titular de la cartera de Estado señaló de forma directa a Mariaca como el presunto cabecilla de dicha organización.
El informe se brindó en una rueda de prensa en La Paz, en la que Oviedo estuvo junto a los ministros de Defensa, Ernesto Justiniano, y de la Presidencia, Fernando Aramayo, además de jefes policiales.
De acuerdo con el reporte oficial, las acciones policiales dejaron 14 personas aprehendidas, comprendiendo a Mariaca junto a otras autoridades y funcionarios de la Fiscalía. A nivel preliminar, se investiga a los aprehendidos por supuestos delitos de organización criminal, legitimación de ganancias ilícitas y tráfico de sustancias controladas.
Operativos alcanzaron a dependientes del Ministerio Público
Oviedo detalló que en la nómina de capturados figuran altos personeros de la Fiscalía General, empleados del Ministerio Público de Santa Cruz y otros presuntos involucrados en los hechos indagados por la Policía Boliviana.
La autoridad gubernamental refirió que seis funcionarios de la Fiscalía cruceña resultaron aprehendidos cuando presuntamente intentaban sustraer documentación del inmueble de Mariaca. A ello se sumó la interceptación de cuatro individuos que transportaban dinero escondido dentro de una ambulancia procedente del domicilio de la exautoridad.
Los efectivos policiales cuantificaron de forma pública parte de las sumas secuestradas, elementos que pasaron a formar parte de las pesquisas destinadas a determinar la procedencia de los fondos, los partícipes en el traslado y el destino final del monto.
La postura del Ejecutivo señala que estos acontecimientos se integran en una investigación mayor sobre una red que presuntamente aprovechó dependencias institucionales para dar curso a actividades ilícitas.
Aprehensión posterior a la medida de Estados Unidos
La captura del exfiscal general tuvo lugar dos días después de que Estados Unidos hiciera pública la revocatoria de su visa, vinculándolo con presuntos hechos de corrupción asociados al narcotráfico.
Las autoridades de Washington señalaron a Mariaca de haber requerido y recibido cobros irregulares para facilitar el tráfico ilícito de estupefacientes y coadyuvar a evasiones judiciales en casos de delitos violentos. Mariaca desestimó esos señalamientos y argumentó que las labores investigativas del Ministerio Público no debían verse condicionadas por determinaciones externas.
Pese a la coincidencia de fechas entre la determinación del país norteamericano y las actuaciones policiales en Bolivia, los señalamientos de Estados Unidos y la causa abierta a nivel local corresponden a vías diferenciadas, cuyas responsabilidades deberán definirse en las instancias judiciales competentes.
Mariaca fue interceptado la noche del miércoles en el aeropuerto internacional de Viru Viru, en Santa Cruz. En el mismo procedimiento fue aprehendido el fiscal departamental cruceño, Alberto Zeballos, quien también figuraba entre los funcionarios con visa revocada por la administración estadounidense.
Intervención en dependencias fiscales
Las acciones de la fuerza del orden se extendieron más allá de las capturas individuales, abarcando el despliegue de unidades policiales en oficinas del Ministerio Público de distintas ciudades.
En Sucre, la sede de la Fiscalía General del Estado fue intervenida durante horario nocturno, a la par de intervenciones policiales reportadas en dependencias de La Paz y Santa Cruz. Personal de la institución cuestionó públicamente las características y circunstancias en que se llevaron a cabo estas intervenciones.
A través de una transmisión realizada desde dependencias de la Fiscalía General, personeros denunciaron el ingreso de efectivos y la presunta retención de trabajadores, a tiempo de pedir explicaciones formales sobre el procedimiento y las aprehensiones.
Frente a ello, el Gobierno ratificó que las intervenciones se encuadran en operativos policiales orientados a desmantelar una presunta organización ligada al narcotráfico.
Investigación en desarrollo
Oviedo puntualizó que los actuados corresponden a una línea gubernamental enfocada en enfrentar al crimen organizado y al narcotráfico, convocando al conjunto de entidades estatales a sumarse a transformaciones en la justicia.
Las indagaciones continuarán para definir el nivel de participación individual de cada una de las 14 personas aprehendidas, el origen y curso del dinero incautado, así como otros posibles nexos.
Asimismo, corresponderá sustanciar formalmente los elementos de cargo contra Mariaca y los demás dependientes aprehendidos para definir su situación jurídica ante la justicia ordinaria.
Por el momento, los señalamientos sobre la presunta conformación de una red criminal y la vinculación de Mariaca forman parte de la acusación planteada por el Ejecutivo, la cual deberá dirimirse bajo las garantías del debido proceso y el análisis de las autoridades correspondientes.