La Fiscalía de Estados Unidos sostuvo que el Gobierno de Venezuela no gestionó ningún trámite diplomático ni judicial para pedir la excarcelación de Nicolás Maduro y Cilia Flores, ni tampoco para demandar que se les conceda inmunidad ante el juicio penal que enfrentan en ese país.
Esta postura figura en un memorial ingresado el pasado 2 de octubre ante una corte federal de Nueva York. En el texto, los fiscales estadounidenses contestaron a la estrategia legal de la defensa de Maduro y Flores, orientada a conseguir la protección de la llamada inmunidad soberana.
El enfoque cobra relevancia dado que, tras el arresto de la pareja en una operación estadounidense, la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, reprochó públicamente el hecho y catalogó la aprehensión como un “secuestro ilegal e ilegítimo”, manifestando en esa oportunidad que Maduro continuaba siendo el mandatario del país.
No obstante, de acuerdo con la presentación de la Fiscalía, estos pronunciamientos públicos no se tradujeron en un pedido formal remitido a las autoridades de Estados Unidos para reclamar inmunidad a favor de la pareja.
Cuestionamiento al silencio de Caracas
El fiscal James M. McDonald expuso frente al juzgado que Venezuela dispuso de la oportunidad de intervenir por las vías oficiales si consideraba que correspondía otorgar resguardo judicial a ambos por su condición de autoridades.
Según el expediente, hasta la fecha Caracas no habría notificado formalmente a Washington que Maduro o su cónyuge deban gozar de inmunidad frente a la causa radicada en Nueva York. Dicha omisión constituye uno de los ejes principales de la Fiscalía para rechazar el requerimiento de los abogados defensores.
Para los acusadores, si el Estado venezolano pretendía resguardar jurídicamente la inmunidad de ambos, debió canalizarlo por los conductos pertinentes. En ese marco, aseveran que la defensa no puede escudarse en una posición oficial venezolana que, según los fiscales, nunca fue remitida formalmente.
La causa avanza mientras los defensores de Maduro y Flores buscan que el tribunal los reconozca en calidad de representantes de un Estado foráneo para quedar exentos de los cargos en EE.UU.
El contraste con el caso de Delcy Rodríguez
Uno de los puntos clave expuestos por la Fiscalía radica en que las autoridades venezolanas sí realizaron trámites formales para amparar la inmunidad de Delcy Rodríguez.
El documento judicial rememora que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela remitió una nota diplomática a Washington el 14 de mayo de 2026. A través de esa misiva, Caracas requirió que Rodríguez fuera reconocida formalmente como jefa de Estado para quedar blindada ante una demanda civil en Miami.
Dicho litigio civil fue promovido por tres ciudadanos estadounidenses que afirmaron haber sufrido detención y torturas en Venezuela, causa en la que un juzgado fijó un resarcimiento de 314 millones de dólares para los querellantes.
Según los fiscales, Washington dio curso a la solicitud en julio. El 20 de ese mes, el Gobierno estadounidense notificó al juzgado que reconocía a Rodríguez como jefa de Estado y, por consiguiente, amparada por inmunidad ante ese reclamo civil. Para el Ministerio Público, este hecho ratifica que Caracas conoce los procedimientos diplomáticos, a diferencia de lo ocurrido con Maduro y Flores.
El reconocimiento político de Washington
La Fiscalía agregó también el aspecto del reconocimiento político hacia Nicolás Maduro. En el escrito se detalla que Estados Unidos dejó de considerarlo presidente legítimo en enero de 2019, tras asumir un mandato derivado de comicios que Washington y otros gobiernos calificaron de carentes de estándares democráticos.
Dicha posición diverge de la adoptada frente a Delcy Rodríguez. Posteriormente, la administración de Donald Trump reconoció a Rodríguez como dirigente venezolana, lo que conllevó cambios de política: en abril de 2026, Estados Unidos retiró las sanciones en su contra, habilitando la opción de nuevos vínculos económicos y políticos.
Posición de la defensa y próximas audiencias
La defensa legal de Maduro y Flores insiste en que ambos deben recibir el trato correspondiente a jefes de Estado y autoridades protegidas, buscando que el tribunal pondere su rol político previo en el país sudamericano para desestimar el procesamiento penal.
El magistrado federal Alvin K. Hellerstein estará a cargo de definir la controversia. El juzgado neoyorquino agendó para el 17 de noviembre una audiencia para evaluar los alegatos sobre la inmunidad soberana de la pareja.
Con anterioridad a esa fecha, la corte deberá pronunciarse sobre un pedido de detención domiciliaria y libertad bajo fianza para Cilia Flores, motivado por motivos de salud de la acusada. La Fiscalía se opone a esta solicitud tras alegar un alto peligro de fuga debido a la gravedad de los cargos imputados.