La Fiscalía General del Estado acudirá a la cooperación internacional con el fin de robustecer sus capacidades investigativas y encarar el proceso de reestructuración anunciado por el fiscal general interino José Armando Urioste. El soporte técnico contará con profesionales vinculados al Escudo de las Américas y al Instituto Latinoamericano de Investigaciones Forenses, quienes intervendrán en labores periciales y en el análisis de expedientes de alta complejidad.
Urioste dio a conocer la medida durante sus primeras actividades oficiales en Sucre, tras haber asumido de manera interina la jefatura del Ministerio Público por un lapso de 90 días. La gestión transitoria busca implementar modificaciones internas y garantizar la continuidad de las pesquisas abiertas a raíz de la aprehensión del exfiscal general Roger Mariaca y otros exfuncionarios.
De acuerdo con la autoridad, Bolivia tiene acuerdos con organismos internacionales que facultan la solicitud de este auxilio. La meta consiste en disponer de especialistas que ofrezcan una perspectiva externa y aportes técnicos en las áreas procesales que demandan fortalecimiento.
Evaluación técnica del funcionamiento interno
Urioste expuso que la participación de los expertos acompañará la transformación institucional que prevé ejecutar durante su interinato. La autoridad sostuvo que halló una entidad necesitada de una revisión profunda, por lo que justificó la llegada de personal técnico externo para detectar fallencias y proponer soluciones operativas.
Dentro de las acciones programadas figura la auditoría de las herramientas tecnológicas del Ministerio Público, en particular el sistema ROMA, sobre el cual recayeron denuncias y cuestionamientos por presuntos accesos no autorizados a la información institucional.
El fiscal interino precisó que se efectuarán las constataciones correspondientes antes de emitir conclusiones definitivas. Con ese propósito, los especialistas examinarán la plataforma para dilucidar si se produjeron vulneraciones o ingresos al margen de los canales reglamentarios. Urioste remarcó que las resoluciones se fundamentarán en evidencias y no en acusaciones previas.
Indagaciones en el caso Mariaca
El apoyo internacional incidirá también en las investigaciones penales abiertas contra Roger Mariaca, el exfiscal departamental de Santa Cruz Alberto Zeballos y el exfiscal superior Martín Irusta.
Mariaca y Zeballos resultaron aprehendidos el 30 de septiembre en el aeropuerto internacional de Viru Viru, en Santa Cruz, y posteriormente fueron remitidos con detención preventiva a diferentes recintos penitenciarios mientras prosiguen las indagaciones por los ilícitos atribuidos por el Ministerio Público.
La causa cobró relevancia tras la ejecución de allanamientos que permitieron el hallazgo de cuantiosas sumas de dinero en efectivo en inmuebles vinculados a los investigados. La Fiscalía tiene a su cargo establecer la procedencia de esos montos y constatar si guardan relación con los hechos bajo examen.
En el allanamiento practicado a la vivienda de Zeballos, los peritos secuestraron dinero en efectivo, documentación, un arma y diversos elementos incorporados al cuaderno de investigaciones. Dichos indicios continúan en etapa de procesamiento y peritaje.
Reorganización y otros procesos de relevancia
En el plano administrativo, Urioste solicitó a los fiscales departamentales poner sus cargos a disposición, puntualizando que la medida no equivale automáticamente a una destitución colectiva. El proceso apunta a valorar el desempeño en las distintas dependencias para definir ratificaciones, reasignaciones o ajustes.
El fiscal interino aseveró que su actuación responderá a la legalidad vigente, garantizando independencia resolutiva y evitando que las causas deriven en persecuciones particulares, bajo la premisa de esclarecer los hechos en función de pruebas.
A la par del caso Mariaca, la agenda de la Fiscalía continuará con otros expedientes de interés público. Entre ellos figuran las pesquisas ligadas a Fernando Cerimedo, el caso de las “31 maletas”, las investigaciones por contrabando de oro, las detonaciones en el cuartel de Viacha y el denominado caso de la “gasolina basura”.
El arribo de la cooperación internacional intentará dotar a los investigadores nacionales de instrumentos para el análisis financiero, documental, informático y forense en medio del plazo de 90 días fijado para la conducción interina de la institución.