Familiares de víctimas de feminicidio de La Paz y Cochabamba exigen al Gobierno modificar la reglamentación de la Ley 1680, con el fin de que las medidas de protección y asistencia económica beneficien a todas las niñas, niños y adolescentes que perdieron a sus madres a causa de este delito, sin distinción del año en que ocurrió el hecho. Los sectores movilizados advierten que la normativa vigente deja al margen a miles de menores que requieren ayuda para continuar su desarrollo.
La principal observación apunta al Decreto Supremo 5745, cuyo artículo 3 fija criterios para registrar a los beneficiarios a partir de casos suscitados desde la entrada en vigencia de la norma. Dicho requisito restringe el acceso a la protección estatal para quienes quedaron en la orfandad con anterioridad, un aspecto que los parientes califican de injusto y excluyente.
La Ley 1680 se promulgó el 5 de noviembre de 2025 para disponer mecanismos de protección social y reparación integral a favor de hijas e hijos de víctimas de feminicidio. Su contenido prevé la entrega de un bono mensual equivalente, como base mínima, al 20% del salario mínimo nacional, junto a un paquete alimentario para menores de cinco años.
Los afectados argumentan que el beneficio no debe supeditarse a la fecha del crimen, pues las dificultades económicas, educativas y familiares persisten a lo largo de los años tras la ausencia de las madres.
“Queremos que esta ley sea efectiva para todos, que se incluya a todos y que no sea excluyente para otros”, manifestó una representante de las familias en La Paz. La vocera cuestionó que el alcance de la norma se limite a los casos registrados desde el 4 de marzo de 2026 y preguntó qué ocurrirá con quienes quedaron huérfanos antes de esa fecha.
Por su parte, la representante de la Asociación de Familiares Víctimas de Feminicidio en Cochabamba, Anabel Fernández, afirmó que más de 1.600 niñas, niños y adolescentes podrían quedar fuera de las prestaciones debido a las restricciones establecidas en la reglamentación. Ante este panorama, informó que comités de varios departamentos se coordinaron para plantear ajustes y solicitaron una audiencia con el presidente Rodrigo Paz.
Asimismo, solicitaron la mediación de la primera dama, Marilena Urquidi, a fin de que el Órgano Ejecutivo atienda el reclamo y viabilice la reforma del decreto para incorporar a menores cuyas familias sobrellevan solas los efectos de estos sucesos desde gestiones previas.
La demanda legal recoge situaciones complejas, como la de abuelas u otros tutores que se hicieron cargo de la crianza de los menores. En diversas ocasiones, deben cubrir alimentación, indumentaria, salud y educación mediante ingresos precarios, afrontando a la vez problemas económicos y la edad avanzada.
Entre los testimonios figura el de Bernardina Condori, quien cría a sus tres nietos luego del feminicidio de su hija Maritza en febrero. En medio de lágrimas, relató las complicaciones diarias que afronta para mantener el hogar y demandó justicia y una sentencia contra el responsable del hecho.
“Me estoy sacrificando como abuela”, expresó Condori al describir la responsabilidad que asumió. Su caso evidencia la carga de los parientes que, en pleno duelo, debieron reestructurar sus familias para proteger a los niños huérfanos.
Respecto a los registros oficiales, datos de la Fiscalía General del Estado citados por ERBOL dan cuenta de 536 huérfanos por feminicidio entre 2020 y julio de 2026, precisándose que esta estadística no abarca necesariamente el total real de niñas, niños y adolescentes en esta condición en el país.
Los familiares insisten en que ajustar el Decreto Supremo 5745 impedirá que el momento del hecho sea una limitante para acceder a la asistencia. A la espera de una contestación gubernamental, insisten en concertar una mesa de diálogo con el mandatario para exponer su pedido de ampliación y asegurar que ningún menor quede desprotegido por una barrera temporal. (Erbol)
