El presidente de la Comisión de Constitución, Legislación y Sistema Electoral de la Cámara de Diputados, Juan Del Granado, presentó el Proyecto de Ley de Fiscalización Parlamentaria, una propuesta orientada a fortalecer los instrumentos de control de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) respecto a la administración pública.
La iniciativa, radicada el miércoles 14 de octubre, busca fijar reglas claras para la labor fiscalizadora mediante mecanismos de seguimiento, procedimientos estructurados y posibles sanciones ante incumplimientos. El propósito apunta a que las medidas no se reduzcan a peticiones de información, sino que faciliten evaluar las respuestas de las autoridades y constatar los resultados de las observaciones planteadas.
Del Granado señaló que la norma persigue afianzar un control continuo sustentado en criterios técnicos, transparencia y responsabilidad. A criterio del legislador, robustecer esta facultad debe aportar a la rendición de cuentas y al control democrático sin sobrepasar las atribuciones de otros órganos estatales ni vulnerar la separación de poderes.
El proyecto plantea un esquema que permitiría a los asambleístas apelar a diversos instrumentos según la índole de los hechos y la gravedad de cada situación, pudiendo emplearse de manera aislada o complementaria para robustecer la indagación legislativa.
Investigaciones, auditorías e interpelaciones
Dentro de los mecanismos previstos en el documento se incluyen investigaciones legislativas, inspecciones, auditorías, peticiones de informe escrito y oral, interpelaciones y dinámicas de rendición de cuentas.
Con dicho marco, se pretende organizar la labor de los legisladores al momento de requerir explicaciones, revisar documentación y hacer seguimiento a la gestión pública. Otro eje central consiste en optimizar la atención a los pedidos de información enviados a las instituciones y autoridades, verificando si las contestaciones se remiten de forma oportuna y completa.
Asimismo, la propuesta apunta a establecer responsabilidades frente a la desatención de las obligaciones fijadas en el ámbito fiscalizador. Aunque la iniciativa prevé la definición de sanciones, los datos difundidos sobre su presentación no pormenorizan cuáles serían las medidas puntuales ni los criterios para su aplicación.
Participación ciudadana y derecho a la defensa
El texto legislativo añade la participación ciudadana y el monitoreo constante de la administración estatal con el fin de robustecer el control democrático y dotar de mayor transparencia a las actuaciones oficiales.
De igual modo, se proyecta garantizar que las autoridades y personas bajo fiscalización cuenten con la posibilidad de exponer descargos y presentar elementos de prueba, asegurando el derecho a la defensa dentro de procedimientos regulados.
Del Granado remarcó que el fin es consolidar una labor fiscalizadora objetiva y responsable, evitando invasiones a las competencias constitucionales de otras entidades públicas.
El proyecto cuenta con el respaldo de los diputados Ruddy Pantaleón, Horacio Calisaya, Sergio Vásquez, Yazmín Guizada y Lily Zurita. Tras su presentación, la iniciativa queda a la espera de su tratamiento legislativo formal, donde se determinarán sus alcances finales y eventuales ajustes previos a su consideración y posible aprobación. (ABI)