El presidente Rodrigo Paz cuestionó con dureza al Ministerio Público al denunciar supuestas prácticas de extorsión y un presunto trato preferencial orientado a personas de mayores recursos económicos. El jefe de Estado observó las deficiencias en la atención judicial a la ciudadanía, en particular hacia las mujeres que denuncian agresiones, y señaló que se requieren transformaciones para reponer la confianza en la justicia.
En su alocución, Paz afirmó que la Fiscalía habría dejado de responder con equidad a la población y que ciertas actuaciones estarían sujetas a intereses económicos. Sus reparos también se dirigieron a la atención institucional frente a feminicidios y hechos de violencia contra la mujer, problemáticas en las que consideró que aún subsisten fallas graves.
“El Ministerio Público se había vuelto un ministerio para los ricos, porque en los ricos ahí sacas plata, hay extorsiones, ahí puedes lucrar; sin embargo, no era para las grandes mayorías”, manifestó el jefe de Estado al referirse a lo que considera un problema estructural en el funcionamiento de la institución.
Estos señalamientos surgen en una etapa de relevos en la Fiscalía General del Estado, tras la suspensión de Róger Mariaca y la designación de José Armando Urioste como fiscal general interino por determinación de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).
Paz recuerda su experiencia como alcalde
Como argumento de sus críticas, la autoridad recordó su labor como alcalde, periodo en el que —según expuso— implementó un servicio de asistencia jurídica enfocado en mujeres víctimas de violencia intrafamiliar.
Paz detalló que la medida pretendía dar contención y acompañamiento legal a las víctimas, quienes, aparte de afrontar situaciones de violencia en sus hogares, debían encarar trabas para lograr auxilio de los entes responsables de las investigaciones.
Bajo ese panorama, aseveró que varias denunciantes encontraban obstáculos para formalizar sus casos y acceder al trabajo de los fiscales. Sostuvo que, en ciertas ocasiones, las víctimas debían entregar dinero a fin de que los funcionarios acudieran al lugar del presunto hecho ilícito.
“Una vez que llegabas con el abogado ¿qué te hacía la Fiscalía? La señora tenía que pagar al fiscal para que viniera a atender o ver o verificar el hecho del delito”, expresó el mandatario.
Los señalamientos describen presuntas irregularidades en el tratamiento de causas penales por parte de dependientes del Ministerio Público. Empero, las acusaciones del mandatario no determinan responsabilidades individuales ni reemplazan las investigaciones pertinentes ante probables ilícitos de corrupción.
Cuestiona la respuesta judicial frente a la violencia contra las mujeres
El mandatario también expuso objeciones contra ciertos jueces en casos de violencia en el hogar. Mencionó como ejemplo que algunas resoluciones consistieron en sugerir acuerdos y conciliaciones entre las partes, desatendiendo el riesgo latente que corrían las denunciantes.
Paz alertó que determinaciones de este tipo colocan a las víctimas en desprotección y las mantienen expuestas a nuevas agresiones.
El foco de su postura radica en la exigencia de que las instancias que reciben denuncias, investigan y administran justicia operen con prontitud, sobre todo en casos que amenazan la integridad y la vida de las mujeres.
El procesamiento de estas denuncias demanda un análisis apegado a la normativa vigente y resoluciones oportunas de las autoridades según cada caso. Los reparos presidenciales reabren así el debate respecto al deber de protección estatal hacia las víctimas de violencia.
Urioste asume la Fiscalía en medio de demandas de transformación
Las declaraciones del Presidente tienen lugar en un periodo de transición en el Ministerio Público, luego de que hace una semana Róger Mariaca fuera suspendido y la ALP posesionara a José Armando Urioste en calidad de interino.
La autoridad entrante asume la tarea de responder a reclamos de transparencia, robustecer la independencia institucional y recuperar la credibilidad en la persecución penal.
Desde el nivel central del Estado se remarcó que esta conducción transitoria debe permitir recuperar la confianza de la sociedad y garantizar pesquisas libres de anomalías o presiones.
Paz enfatizó en la urgencia de suprimir las condiciones que habrían facilitado tratos desiguales en beneficio de ciertos sectores. Sus afirmaciones apuntan a probables hechos de corrupción y a las barreras ciudadanas para acceder a la justicia.
El escenario actual profundiza la discusión sobre el desempeño judicial, la equidad en el servicio y la protección a denunciantes en Bolivia, donde la Fiscalía tiene el reto de procesar denuncias de corrupción y asegurar investigaciones bajo principios de igualdad y legalidad. (La Razón)