Una declaración efectuada por Evo Morales el 16 de abril de 2009, pocas horas después del operativo policial en el Hotel Las Américas de Santa Cruz, volvió a situarse como uno de los principales argumentos en una nueva acción penal contra el expresidente. La alianza Libre incorporó sus palabras en una proposición acusatoria que también comprende al exvicepresidente Álvaro García Linera, sosteniendo que ambos habrían tenido responsabilidades en la cadena de mando previa a la intervención que culminó con tres fallecidos y dos detenidos.
La alocución de Morales se produjo en Venezuela, en una conferencia conjunta con el entonces gobernante Hugo Chávez. En esa oportunidad, Morales afirmó que dejó instrucciones a su vicepresidente para que, a través de él, se instruyera al comandante de la Policía Nacional la ejecución de un operativo contra personas señaladas por el Gobierno de participar en actividades terroristas.
La cita textual que ahora forma parte del debate judicial es: “Dejé instrucciones precisas al Vicepresidente de la República y mediante el Vicepresidente al Comandante de la Policía Nacional”. En dicho acto, Morales precisó además que le informaron de un tiroteo durante la madrugada en un hotel cruceño, con un saldo de tres extranjeros muertos y dos personas detenidas.
Quienes impulsan la proposición consideran que estas afirmaciones resultan clave para determinar el grado de conocimiento e involucramiento del exmandatario en las determinaciones previas, aludiendo a un flujo de órdenes desde la cúspide política hasta los niveles operativos de la Policía.
No obstante, el esclarecimiento y la atribución de posibles responsabilidades de índole penal recaen estrictamente en los órganos de justicia. Ni la existencia de estas declaraciones ni la presentación de la acusación equivalen a una condena o prueba concluyente sobre la comisión de delitos.
El rol de García Linera y las instrucciones previas
La denuncia añade también declaraciones brindadas por Álvaro García Linera aquel mismo 16 de abril de 2009. Conforme a un reporte de ERBOL, la entonces segunda autoridad del Estado ratificó que Morales dejó instrucciones antes de su viaje a Venezuela, con el fin de extremar esfuerzos y desplegar al personal policial más calificado.
Para Libre, ambos testimonios constituyen indicios de una línea de decisiones originada en el Órgano Ejecutivo y trasladada hacia los ejecutores del operativo: Morales habría dado la directriz política y García Linera la habría transferido a la entidad del orden.
La acusación pretende dilucidar si tales instrucciones guardaron nexo directo con el desenlace del operativo. Por ello, ambas versiones integran los elementos sujetos a evaluación en el marco investigativo.
El abogado Alberto Morales, quien ha dado seguimiento al proceso, declaró a ERBOL que, bajo su perspectiva, en la planificación habrían participado figuras de alto nivel del Ejecutivo de ese periodo. El jurista aludió también al círculo cercano de García Linera, señalando a su hermano, Raúl García Linera, a quien atribuyó labores de inteligencia y contrainteligencia sin ejercer cargo formal. Dicha postura corresponde a la interpretación del jurista y requerirá contraste con las pruebas del proceso.
Tres víctimas mortales y dos detenidos
Los acontecimientos se remontan a la madrugada del 16 de abril de 2009, cuando la Policía ingresó al Hotel Las Américas en Santa Cruz de la Sierra. Las autoridades de la época aseveraron que el grupo intervenido formaba parte de una presunta célula terrorista con intenciones separatistas.
En el despliegue perdieron la vida Eduardo Rózsa (boliviano-húngaro-croata), Arpad Magyarosi (húngaro) y Michael Dwyer (irlandés). Asimismo, resultaron detenidos Mario Tadic (boliviano-croata) y Elöd Tóásó (húngaro).
Posteriormente, las circunstancias del operativo y los decesos derivaron en denuncias internacionales. Familiares de Dwyer y los sobrevivientes acudieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), instancia que determinó la responsabilidad del Estado boliviano en la muerte del ciudadano irlandés y constató torturas y vulneraciones contra los detenidos, según los antecedentes del caso.
El foco de la causa ya no se circunscribe únicamente al contingente que actuó de forma directa, sino a las órdenes políticas y operativas que dieron pie a la incursión policial.
Búsqueda de responsabilidades en la cúpula
La acción planteada por la alianza Libre postula que Morales y García Linera ocupaban la instancia máxima de mando antes del ingreso armado al hotel. Según esta postura, las directrices del Ejecutivo habrían puesto en marcha el aparato que culminó en las tres muertes, las dos detenciones y las vulneraciones denunciadas.
El objetivo de la denuncia es indagar una eventual responsabilidad de las exautoridades. Para sustentarlo, se recurre a las declaraciones públicas de 2009, las actuaciones oficiales y los posteriores cuestionamientos legales.
Corresponderá a los tribunales pertinentes valorar los elementos de prueba y distinguir entre una instrucción de carácter general, las decisiones tácticas en el terreno y los posibles actos tipificados como delito.
Indagación del Ministerio Público y el rol de la Asamblea
De acuerdo con el informe de ERBOL, la causa está bajo investigación formal del Ministerio Público. Un eventual traspaso a la Asamblea Legislativa Plurinacional abriría un trámite específico, dado que la autorización para un juicio de responsabilidades a exmandatarios exige el voto de dos tercios de los legisladores.
El proceso investigativo deberá establecer si concurren indicios suficientes para avanzar hacia dicha fase y determinar acciones individuales para Morales y García Linera, valorando los antecedentes reunidos a lo largo de más de 17 años y las declaraciones de 2009. (Erbol)