Un gran jurado federal de Nueva York presentó nuevos cargos contra el presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, acusándolos de presuntamente participar en un esquema de tortura y violaciones de derechos humanos que habría operado por más de dos décadas en Venezuela. El documento acusatorio, interpuesto el 8 de octubre de 2026 ante el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York, amplía la causa que ambos enfrentan en la justicia estadounidense por presuntos delitos vinculados al narcotráfico y al narcoterrorismo.
La nueva acusación añade un cargo formal por conspiración para cometer tortura, amparado en el Título 18 del Código de Estados Unidos. De acuerdo con el planteamiento del gran jurado, estas supuestas prácticas represivas habrían buscado sostener a Maduro en el poder a través de acciones dirigidas contra personas catalogadas como opositoras o percibidas como amenazas para el régimen venezolano.
El expediente sostiene que las conductas investigadas abarcan el periodo entre 1999 y 2025. En ese lapso, miles de ciudadanos venezolanos habrían sufrido hostigamiento, detenciones arbitrarias, procesamientos judiciales, agresiones físicas, torturas e incluso homicidios atribuidos a agentes del Estado. Según el escrito, estos actos se habrían intensificado en épocas de mayor inestabilidad política, ante el incremento de fricciones entre el Gobierno y sectores de la oposición.
Entre los señalamientos expuestos, la Fiscalía plantea la presunta participación directa de Maduro en decisiones sobre la detención y los maltratos a los reclusos. El gran jurado sitúa al mandatario como figura central en la supuesta estructura represiva, señalando que habría girado instrucciones directas sobre quiénes debían ser privados de libertad y sometidos a torturas.
Asimismo, el documento asevera que el mandatario recibía reportes periódicos acerca de la situación de los detenidos y que, en ciertos casos, habría sugerido métodos específicos de tormento. Dichas afirmaciones forman parte del pliego de la Fiscalía estadounidense y deberán ser evaluadas en los tribunales correspondientes.
La acusación comprende del mismo modo a su cónyuge, Cilia Flores. Ambos ya estaban imputados en causas previas por narcotráfico y narcoterrorismo. Con esta modificación, el proceso incorpora imputaciones enfocadas de forma directa en presuntas transgresiones graves a las garantías individuales.
Este trámite marca una nueva fase de la causa iniciada en marzo de 2020, cuando se formalizó la acusación inicial contra Maduro por tráfico ilícito de drogas y narcoterrorismo. Más adelante, en diciembre de 2025, el proceso se extendió para sumar a Flores. De acuerdo con los datos brindados en el expediente, ambos fueron detenidos el 3 de enero de 2026.
Se trata del quinto instrumento acusatorio presentado contra Maduro ante la referida corte federal. Con esta medida, la justicia de Estados Unidos integra formalmente los presuntos actos de tortura en las investigaciones que mantiene abiertas contra la pareja presidencial.
Los hechos detallados abarcan el presunto uso de dependencias estatales con fines de persecución política. Las detenciones arbitrarias, los abusos en interrogatorios y los malos tratos hacia personas encarceladas representan conductas que, de verificarse ante el tribunal, podrían considerarse graves transgresiones a los derechos fundamentales y al marco internacional de protección.
La apertura de estos cargos no constituye por sí misma una condena judicial. Las imputaciones sobre presuntas órdenes impartidas por Maduro, su conocimiento de los abusos y el rol que se le atribuye a Flores corresponden a alegaciones procesales que deberán ser sustentadas y valoradas dentro del juicio. (Estrella del Oriente)