La alianza política Libre formalizó este viernes una proposición acusatoria contra el expresidente Evo Morales ante la Fiscalía General del Estado, con el propósito de promover un juicio de responsabilidades por el operativo policial efectuado en el Hotel Las Américas de Santa Cruz en abril de 2009. La denuncia busca fijar responsabilidades por presuntas vulneraciones a los derechos humanos durante la intervención y las posteriores detenciones.
El trámite fue entregado en Sucre y toma como antecedente las determinaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), instancia que advirtió vulneraciones de derechos en dicho proceso. Conforme al curso legal, si se concluye que existe materia justiciable, el requerimiento deberá remitirse a la Asamblea Legislativa Plurinacional para definir si se autoriza el enjuiciamiento.
El diputado Antonio Pino, representante de Libre a cargo de presentar la solicitud, manifestó que los hechos de esa jornada requieren esclarecimiento y una revisión conforme a los derechos humanos y la normativa vigente. El parlamentario señaló que las conclusiones internacionales son un antecedente clave y recordó que el operativo culminó con tres personas fallecidas, además de que otros ciudadanos fueron detenidos bajo sindicaciones de presunto terrorismo y separatismo.
El operativo de 2009 vuelve al debate judicial
Los acontecimientos se suscitaron el 16 de abril de 2009, fecha en la que efectivos policiales intervinieron el Hotel Las Américas en la capital cruceña. En la acción perdieron la vida Eduardo Rózsa Flores, de nacionalidad boliviana y húngara; el rumano-húngaro Árpád Magyarosi y el irlandés Michael Dwyer.
La intervención generó una prolongada controversia en el país a raíz de los decesos y las investigaciones sobre una supuesta estructura de corte separatista. El caso derivó en procesamientos a más ciudadanos, varios de los cuales acusaron vulneraciones a sus derechos fundamentales. Con el tiempo, familiares de Dwyer y sobrevivientes acudieron al sistema interamericano.
Tras evaluar la demanda, la CIDH determinó que el Estado boliviano vulneró los derechos de los afectados. Libre fundamenta su planteamiento en dicha resolución para exigir que se indague el rol de Morales y se establezca si corresponde procesarlo en un juicio de responsabilidades. La acusación recalca la participación que habría tenido el exgobernante en la orden para ejecutar la intervención, aspecto que, según expuso Pino, fue reconocido por el propio Morales.
La entrega de la proposición acusatoria abre una actuación judicial y no equivale a una sentencia de culpabilidad en contra del exmandatario.
El rol de la Asamblea Legislativa
El procedimiento exige el cumplimiento de varias etapas. En primer lugar, los órganos competentes deben analizar el documento acusatorio y definir si contiene sustento legal suficiente para proseguir.
De cumplir con las condiciones normativas, la causa será derivada al Legislativo, donde el permiso para el juicio de responsabilidades precisará del voto afirmativo de dos tercios de sus integrantes. Pino señaló que gestionarán apoyos en el Parlamento y que dicha votación evidenciará la postura de las distintas fuerzas frente a estos hechos.
El legislador añadió que Libre proyecta activar otras demandas relativas a gestiones de gobiernos pasados, entre ellas las muertes de La Calancha durante el conflicto por la capitalidad en Sucre. Cada iniciativa deberá tramitarse por sus propios canales procesales.
Nuevas acciones anunciadas
Pino afirmó en Sucre que las denuncias contra Morales podrían extenderse hacia otros sucesos de su periodo presidencial, remarcando la necesidad de que las instancias pertinentes atiendan los requerimientos conforme a ley.
Con este paso, el operativo del Hotel Las Américas retorna a la agenda nacional a más de 17 años de su desarrollo. La continuidad de la proposición acusatoria dependerá de la valoración técnica de la Fiscalía General y de las determinaciones procesales venideras, debiendo resolverse cualquier eventual responsabilidad penal dentro del marco procesal y con apego a las garantías pertinentes.