El vicepresidente del Estado, Edmand Lara, negó haber interceptado o dispuesto la intervención de comunicaciones privadas y manifestó su plena disposición a someterse a las investigaciones pertinentes. La postura de la autoridad surge luego de que Amílcar Barral formalizara una denuncia penal en su contra a raíz de la difusión de grabaciones de conversaciones privadas.
Mediante un comunicado difundido este miércoles, Lara remarcó que cualquier pesquisa debe conducirse con elementos probatorios, estricto apego a la Constitución Política del Estado y respeto al debido proceso. Con este posicionamiento, descartó las acusaciones en su contra y afirmó que no se opone al esclarecimiento de lo ocurrido por parte de las instancias correspondientes.
La acción legal fue interpuesta por Barral, quien cuestiona la divulgación de audios con diálogos privados. El denunciante aseveró que una de las grabaciones habría sido manipulada y adelantó que proseguirá con las medidas legales para que se profundice el caso.
Frente a estos cuestionamientos, la segunda autoridad del país demandó que los registros de audio se sometan a una pericia técnica independiente para verificar su autenticidad. Asimismo, solicitó que se identifique si el material sufrió ediciones o alteraciones, además de precisar su procedencia y la vía mediante la cual llegó a conocimiento de las autoridades.
Lara cuestiona la aplicación de un juicio de responsabilidades
En el pronunciamiento oficial, Lara también abordó la eventualidad de que la acusación derive en un juicio de responsabilidades. Al respecto, puso en duda que la mediatización de una denuncia baste para dar curso automático a dicho procedimiento judicial.
El dignatario trajo a colación la Ley 044 —norma que regula el juzgamiento de determinadas altas autoridades del Estado— y subrayó que su activación demanda comprobar la existencia de un delito cometido en el ejercicio de funciones públicas que encaje en esa vía procedimental.
Bajo esa línea, insistió en que los señalamientos deben evaluarse conforme al marco normativo vigente y con sustento en pruebas, evitando adelantar conclusiones antes de que concluyan las indagaciones.
El proceso se concentra de momento en la denuncia planteada por Barral, el debate sobre la procedencia y validez de las grabaciones divulgadas y la urgencia de establecer su autenticidad. La definición de eventuales responsabilidades quedará sujeta al curso de las investigaciones y a los procedimientos de ley correspondientes.