El Gobierno nacional elabora un nuevo marco normativo con el fin de ampliar, bajo condiciones específicas, la intervención de las Fuerzas Armadas en operativos orientados a combatir el crimen organizado transnacional y el narcoterrorismo.
Esta iniciativa fue evaluada durante la quinta sesión del Consejo Supremo de Defensa del Estado Plurinacional (COSDEP), escenario en el que se trataron y aprobaron otros proyectos vinculados a la seguridad y defensa de Bolivia.
El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, precisó que la labor militar planteada no será de carácter permanente ni reemplazará las competencias de la Policía Boliviana. De acuerdo con la autoridad, se proyecta una labor excepcional, temporal, complementaria y sujeta a mecanismos de control, respetando los marcos constitucionales, los derechos y las garantías de la ciudadanía.
La medida integra un grupo de cuatro normativas orientadas a modificar y robustecer la estructura del Estado en seguridad, defensa e inteligencia.
Cuatro propuestas pasarán a control de UDAPE
Aparte del documento sobre las Fuerzas Armadas frente al crimen transnacional y el narcoterrorismo, el COSDEP dio curso a proyectos concernientes a la Ley de Seguridad y Defensa, a la estructura funcional del propio Consejo Supremo de Defensa y al Sistema de Inteligencia.
Justiniano informó que las cuatro iniciativas se enviarán en el plazo de una semana a la Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas (UDAPE), instancia encargada de su evaluación técnica antes de continuar el trámite correspondiente.
Desde el Ejecutivo argumentan que estas modificaciones permitirán dotar de herramientas para responder a peligros que rebasan las fronteras del territorio nacional.
Prioridad en inteligencia y vigilancia fronteriza
El plan del Gobierno incluye robustecer el sistema de inteligencia y optimizar la coordinación entre las entidades responsables del resguardo nacional.
Las prioridades abarcan el resguardo de las zonas fronterizas, el espacio aéreo y el ámbito fluvial, además de la protección de la infraestructura crítica estatal.
El esquema contempla también afianzar los lazos de cooperación con los países vecinos para el flujo de información y acciones coordinadas frente a redes delictivas transnacionales.
Justiniano enfatizó que la lucha contra estas redes delictivas requiere una articulación adecuada y dotar a las instituciones de instrumentos idóneos ante el crimen transfronterizo.
Paz resalta la articulación entre FFAA y la Policía
Por su parte, el presidente Rodrigo Paz remarcó que las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana deben accionar de forma conjunta, dentro del ámbito de competencias de cada una.
El jefe de Estado advirtió que los grupos criminales logran financiamiento mediante delitos como el narcotráfico y la minería ilegal, haciendo indispensable elevar las capacidades estatales frente a tales desafíos.
Asimismo, Paz relacionó el plan de seguridad con la urgencia de blindar las entidades estatales ante eventuales vínculos con organizaciones al margen de la ley.
Alcances y límites del apoyo militar
El Ministerio de Defensa insistió en que una eventual labor de los efectivos militares será de naturaleza excepcional y fiscalizada.
Se pretende definir con claridad los casos en que las tropas prestarían respaldo en operativos ante contingencias transnacionales, descartando una sustitución permanente de las responsabilidades policiales.
El paquete de medidas deberá cumplir aún las fases de revisión institucional antes de su derivación y tratamiento en la vía legislativa para su eventual vigencia formal.
Este debate se abre en el marco del planteamiento gubernamental de una nueva política de seguridad centrada en tareas de inteligencia, control territorial, custodia de infraestructuras clave y cooperación internacional contra el narcotráfico y el crimen organizado. (La Prensa)