El jurista y excandidato a la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra, Félix Oros, anunció que interpondrá una Acción Popular en contra del alcalde Manuel Saavedra y de dos autoridades del Concejo Municipal, a quienes responsabiliza por la aprobación de la disposición autonómica que fija un incremento en la tarifa del servicio de transporte público urbano.
El recurso judicial anunciado tiene como finalidad impugnar la legalidad y el procedimiento mediante el cual se aprobó el nuevo costo del pasaje, además de advertir sobre el perjuicio económico que la medida puede generar en miles de personas que utilizan a diario el servicio.
Oros detalló que los demandados son el burgomaestre Saavedra, la presidenta del Concejo Municipal, Luisa Nayar, y el concejal Marco Antonio Cadenas, quienes, según sus afirmaciones, intervinieron en la aprobación y firma de la normativa observada.
Cuestionan el procedimiento de aprobación
Uno de los ejes centrales planteados por el abogado apunta a la celeridad con la que se habría procesado la norma municipal.
De acuerdo con Oros, el Ejecutivo Municipal remitió al Concejo un informe económico sobre el transporte el 2 de octubre. Esa misma jornada, aseveró, el órgano deliberante habría procedido a la aprobación del instrumento legal que contiene el ajuste tarifario.
A juicio del profesional del derecho, el escaso lapso transcurrido entre el envío del documento y la votación de la norma no habría dado margen para un adecuado análisis técnico, debate público y socialización con los actores involucrados.
Asimismo, denunció que el informe económico no habría completado todas las etapas técnicas internas dentro del Concejo antes de la determinación final.
“Cuestionamos el tiempo y la premura con la que fue aprobada”, manifestó Oros, señalando que un cambio que incide de forma directa en la ciudadanía debió someterse a una revisión mucho más amplia.
Reclaman mayor participación de los vecinos
Otra de las observaciones versa sobre la participación de la sociedad civil. Oros declaró que el reajuste no habría contado con una socialización previa con los vecinos ni con la fiscalización o control social de las organizaciones territoriales.
El jurista expuso que la modificación del precio de un servicio fundamental y de uso masivo para la población cruceña no debía quedar circunscrita a un diálogo exclusivo entre las autoridades ediles y la dirigencia del transporte.
Según su planteamiento, las juntas vecinales y diversos colectivos debieron haber tenido acceso a los fundamentos técnicos y económicos del incremento para emitir sus observaciones antes de la aprobación.
La carencia de estas instancias, según la acción que ultima el abogado, podría representar una vulneración a derechos colectivos y difusos de la comunidad.
Oros cuestiona acuerdos anteriores con el transporte
El excandidato también hizo referencia al presunto incumplimiento de compromisos asumidos en el pasado entre la comuna y los operadores del transporte público.
Aseguró que hay acuerdos firmados desde 2013 que, bajo su criterio, no se habrían cumplido a cabalidad. Frente a ello, reprochó que se proceda al incremento del pasaje sin antes haber atendido los compromisos referidos a la calidad y condiciones de los motorizados.
Oros remarcó que la discusión no puede reducirse a la cifra que debe pagar el usuario, sino que debe abarcar las condiciones en las que se brinda el servicio de movilidad urbana.
Este debate integra factores como la conservación de los vehículos, la seguridad ciudadana de los pasajeros, la observancia de las normativas por parte de los choferes y la urgencia de dotar de un transporte idóneo para la urbe.
Advierten afectación a la economía de los usuarios
El jurista enfatizó que la subida del pasaje puede impactar de manera negativa en la economía de los hogares de Santa Cruz, especialmente entre los sectores que dependen del transporte público para trasladarse a sus fuentes laborales y centros educativos.
Explicó que la medida lesiona el patrimonio de la población debido al gasto acumulativo diario, el cual se incrementa de forma significativa para quienes deben tomar más de una línea en una misma jornada.
Añadió su preocupación ante posibles cobros al margen de la norma municipal, exigiendo total transparencia respecto al monto fijado y la aplicación de mecanismos rigurosos de control.
¿Qué busca la Acción Popular?
La Acción Popular es una garantía constitucional orientada a resguardar derechos e intereses colectivos ante amenazas o vulneraciones provocadas por actos u omisiones de autoridades públicas o particulares.
En este caso concreto, Oros busca recurrir a esta vía legal para impugnar la resolución del municipio cruceño, con el argumento de que el alza tarifaria podría lesionar derechos colectivos.
Entre los derechos que considera comprometidos figuran el acceso a un transporte público eficiente, regular y accesible, la seguridad jurídica, así como la protección económica y patrimonial de los usuarios.
La demanda deberá formular ante la autoridad judicial competente las pruebas y antecedentes que demuestren, a criterio de la parte accionante, la afectación alegada.
El incremento mantiene el debate abierto
El anuncio de este recurso legal abre un nuevo frente en torno al ajuste del costo del transporte en Santa Cruz de la Sierra.
Mientras el Ejecutivo municipal y los transportistas sostienen sus argumentos respecto a la necesidad y vigencia de la tarifa, organizaciones vecinales y actores políticos objetan el trámite seguido para su ratificación y las secuelas económicas para la ciudadanía.
De prosperar el trámite judicial, la controversia se dirimirá en la justicia constitucional, instancia que deberá evaluar si los descargos sustentan una vulneración a derechos colectivos.
Por el momento, Oros ratificó que formalizará la Acción Popular contra Saavedra, Nayar y Cadenas, en medio de un escenario donde el pasaje continúa en el centro del debate municipal. (Estrella del Oriente)