El Órgano Ejecutivo reprochó la postura asumida por el fiscal superior de Santa Cruz, Luis Montaño Morales, quien comunicó que tomará de forma interina las riendas de la Fiscalía General del Estado tras la detención de Roger Mariaca. Desde el Gobierno nacional se argumenta que dicha medida carece de base jurídica y se alertó sobre supuestas maniobras dirigidas a entorpecer los procesos investigativos activos.
El vocero de la Presidencia, José Luis Gálvez, aseveró este jueves que Montaño estaría cometiendo una presunta usurpación de funciones al proclamarse como la principal autoridad del Ministerio Público. Conforme al criterio estatal, el funcionario no cuenta con las facultades legales para autodesignarse en esa jefatura.
Gálvez remarcó asimismo que Montaño se encuentra bajo búsqueda de las autoridades pertinentes y que tendrá que comparecer ante la justicia por los actos que se le imputan. Desde el Ejecutivo se anticipó que no se otorgará validez a ninguna resolución que emita mientras persista en esa condición.
En contraparte, Montaño, quien ejerce como fiscal superior en territorio cruceño, fundamentó su accionar señalando que le atañe la conducción transitoria de la Fiscalía General por criterio de antigüedad dentro del Ministerio Público. Su postura contempla mantenerse al mando institucional hasta que la Asamblea Legislativa Plurinacional formalice la designación de la nueva autoridad titular.
Este conflicto estalla en paralelo al avance de las pesquisas vinculadas a Roger Mariaca y otros investigados privados de libertad. En este escenario, la administración central señaló a Montaño por presuntamente pretender alterar la conformación de las comisiones fiscales asignadas a estos casos.
Según los extremos expuestos por Gálvez, se habría registrado igualmente un bloqueo en la plataforma digital del Ministerio Público con el fin de obstaculizar el ingreso y admisión formal de nuevas denuncias contra los investigados. Para las autoridades gubernamentales, estas medidas podrían perjudicar el curso del proceso judicial.
El portavoz gubernamental emitió también una advertencia dirigida a quienes pretendan encubrir o respaldar redes ligadas al narcotráfico o la delincuencia organizada. Enfatizó que el Estado recurrirá a las vías legales correspondientes con la meta de resguardar la institucionalidad boliviana.
La coyuntura mantiene una marcada pugna institucional sobre la dirección transitoria de la Fiscalía General en tanto la ALP concrete la elección final. Mientras Montaño insiste en que sus años de servicio lo facultan para asumir el despacho, el Ejecutivo cataloga el hecho como una usurpación de funciones y ratificó el desconocimiento a sus disposiciones. (Erbol)