Bolivia se encuentra en una etapa determinante para debatir modificaciones de fondo en el Órgano Judicial, según afirmó el presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, Juan Del Granado. Al ser consultado sobre la detención del Fiscal General y otras autoridades del área, el legislador optó por no adelantar criterios individuales y remarcó que cualquier postura institucional surgirá de una deliberación colectiva en la comisión legislativa.
“Estamos ante un momento crucial, un momento límite para la justicia en Bolivia”, declaró Del Granado a ERBOL, al referirse al contexto institucional y a la urgencia de discutir reformas profundas.
El diputado precisó que la Comisión de Constitución dará seguimiento al curso de los sucesos antes de emitir un pronunciamiento oficial sobre los procesos que involucran a operadores de justicia, puesto que las pesquisas continúan en desarrollo y se siguen sumando antecedentes.
“No quiero adelantar un criterio al respecto. Somos cabeza de la Comisión de Constitución y seguramente vamos a tener una participación activa en este tema”, manifestó.
Del Granado insistió en que toda determinación de la comisión responderá a la consulta con sus miembros, evitando fijar una posición prematura acerca de las responsabilidades que pudieran recaer sobre las autoridades investigadas o privadas de libertad.
Plantea cambios de fondo
Al margen de la contingencia, el asambleísta sostuvo que los hechos recientes visibilizan nuevamente las trabas estructurales del aparato judicial boliviano.
Desde su perspectiva, el país precisa encarar una transformación que no se quede en respuestas coyunturales, sino que reestructure el funcionamiento institucional, el financiamiento estatal y los esquemas para seleccionar y designar a las principales cabezas de la justicia.
“Necesitamos encarar una reforma judicial estructural”, aseveró Del Granado, detallando que su planteamiento abarca ajustes presupuestarios y modificaciones en los procedimientos de selección.
Entre los aspectos centrales, el legislador puntualizó la limitación de recursos asignados al Órgano Judicial. De acuerdo con sus datos, la institución percibe hoy entre el 0,4% y el 0,5% del Presupuesto General del Estado, una cifra que calificó de insuficiente para atender los requerimientos del sector.
Del Granado relacionó esta restricción económica con los obstáculos que encaran jueces, fiscales y personal de apoyo. Detalló que Bolivia dispone de unos 1.000 jueces y 500 fiscales para una población que supera los 11 millones de habitantes, operando bajo condiciones laborales que catalogó como precarias.
La propuesta legislativa busca incrementar de forma gradual los fondos del Órgano Judicial hasta llegar al 3% del Presupuesto General del Estado. Este ajuste integra el proyecto de reforma parcial de la Constitución en materia de justicia, proceso iniciado en septiembre.
Según reportó la Cámara de Diputados, el plan también contempla la creación de una Comisión Nacional de Postulaciones e instrumentos orientados a fortalecer la carrera judicial.
Una nueva instancia para las postulaciones
La reestructuración del proceso de elección de magistrados y autoridades judiciales clave constituye otro de los ejes del planteamiento.
Del Granado propuso conformar una Comisión Nacional de Postulaciones integrada por delegados de la sociedad civil, medios de comunicación, sectores sociales y la representación legislativa.
El objetivo trazado es dotar a las fases de postulación y preselección de una representatividad más extensa, evitando la concentración exclusiva en el espacio político-partidario de la Asamblea Legislativa.
De acuerdo con la información institucional de la Cámara de Diputados, dicha comisión intervendría en la preselección de postulantes al Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura, abarcando asimismo la designación del Defensor del Pueblo y del Fiscal General del Estado.
Esta iniciativa fue socializada previamente en septiembre con jefes de bancada legislativos, con la finalidad de recabar posturas y construir consensos antes de su debate en el pleno.
El texto prevé además la consolidación de la carrera judicial, normas de permanencia para las autoridades y un nuevo esquema de preselección para altos cargos.
La crisis abre el debate sobre el sistema judicial
A decir de Del Granado, el escenario vigente demanda superar el análisis de hechos aislados para evaluar el estado general de la justicia en Bolivia. Por ello, prescindiendo de valoraciones sobre las autoridades detenidas, apuntó que la actual coyuntura abre la posibilidad de debatir reformas institucionales.
El parlamentario ratificó que la Comisión de Constitución analizará el panorama antes de fijar una posición colectiva.
Entretanto, el proyecto de reforma constitucional prosigue en la agenda de la Asamblea, con énfasis en el financiamiento y los mecanismos de selección.
La propuesta deberá cumplir las etapas de socialización y tratamiento legislativo previo a cualquier cambio en la Carta Magna. Según la Cámara de Diputados, se busca sumar la opinión de diversos sectores sociales, siendo la Comisión Nacional de Postulaciones uno de los pilares del diseño.
Bajo este escenario, Del Granado concluyó que el país enfrenta una oportunidad decisiva para definir el modelo judicial necesario y regular el funcionamiento, designación y recursos de sus entidades. (Erbol)